JOSÉ GUERRA
José Guerra es un economista, escritor y político venezolano. Guerra destaca como profesor de economía, como político (Diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015) y por su trayectoria en el Banco Central de Venezuela.
La política económica que ha aplicado Nicolás Maduro para detener la hiperinflación que comenzó en noviembre de 2017 y se extendió hasta comienzos de 2021 tuvo tres ejes fundamentales. En primer lugar, procurar la estabilidad del tipo de cambio mediante la venta de divisas en efectivo al sistema financiero, un aumento del encaje bancario que llevó, entre otras cosas, a la virtual desaparición del crédito y una reducción brutal de los salarios reales de los trabajadores activos y pensionados. Así, la compresión salarial ha sido la variable sobre la cual se ha basado este programa de ajuste draconiano, lo cual se ha expresado en una declinación de las remuneraciones de los asalariados de Venezuela hasta el límite vital.
Mientras que en términos promedio la remuneración en el sector comercio y servicios que es el gran empleador en Venezuela, ronda los US $150 mensuales y en la industria US $160 cada mes, los empleados públicos y los pensionados del Seguro Social devengan aproximadamente US $20 mensuales.
Conviene citar acá La Encíclica Rerum Novarum de 1891, catalogada como la primera gran encíclica social de la Iglesia: «…la deshumanización del trabajador y una paga injusta son contrarios a la fe católica, al humanismo cristiano«. Ella fue la respuesta a la gran influencia del marxismo entre los trabajadores de Europa.
Hoy se trata de hacer justicia con los trabajadores, especialmente los de la Administración Pública. Tal vez la discusión es cómo hacerlo y el monto del ajuste. Conviene destacar primero que no se está solicitando un aumento sino una compensación por el deterioro acumulado del poder adquisitivo.
Con el actual salario mínimo en Venezuela más los bonos que otorga el gobierno, apenas se cubre cerca del 10% del costo de las cualquiera de las canastas alimenticias que se estiman en Venezuela, en ausencia de cifras oficiales.
Ese salario mínimo fue decretado en marzo de 2022 y desde allí no lo han incrementado; sin embargo, entre ese mes y diciembre de 2022 la inflación acumulada fue 244%. Ello sugiere que los salarios no causaron la inflación, al menos en ese lapso, sino que más bien se rezagaron considerablemente.
La narrativa del gobierno es que no hay dinero para aumentar los salarios. Mis cuentas, basadas en cálculos apropiados en medio de las tinieblas informativas de Venezuela, es que sí hay dinero para un aumento razonable, entre US $100 y US$150 mensuales. Acá las cifras de lo que en 2023 recibiría el gobierno:
-Exportaciones petroleras netas incluyendo las que comenzó hacer Chevrón: US$12.000 millones
-IVA US$ 3.200 millones
-Venta de gasolina US$ 1.700 millones
-IGTF US$ 1.500 millones
-Aduanas y otras contribuciones a las importaciones US$ 800 millones
-Otros impuestos y contribuciones parafiscales US$ 1.000
-Exportaciones de oro y otros minerales US$ 1.500 millones
-Impuesto sobre la renta no petrolero US$ 2.000 millones
A lo anterior hay que agregar aproximadamente US $5.000 millones en cuentas mantenidas en el exterior, para un total de US $28.700 millones.
Conviene mencionar que si como es previsible Chevron aumenta la producción de los actuales 50.000 barriles diarios a 100.000 barriles diarios, el gobierno recibiría, una vez descontada la deuda con esa empresa, US $400 millones adicionales durante 2023.
Sobre la base de una nómina de 4.200.000 pensionados del Seguro Social y aproximadamente 2.000.000 empleados públicos activos, el costo laboral con un salario mínimo de US$ 150 mensuales sería un estimado de US$ 9.300 millones en lo que resta de 2023, los cuales serían factibles de ser pagados, dado los ingresos esperados.
Sin embargo, el gran problema es preservar el poder adquisitivo de los salarios, ello en un contexto el cual no existe en Venezuela un programa económico que propenda a la estabilidad y al crecimiento de la economía, de allí que habrá que diseñar un mecanismo de ajuste de las remuneraciones a la inflación o al tipo de cambio. El gran reto para Venezuela consiste en diseñar un plan económico que detenga la inflación, para lo cual es esencial la sanidad fiscal y monetaria y que se propicie al mismo tiempo una expansión de la economía, activando con fuerza su principal motor, la producción petrolera. Solamente así tendremos salarios decentes.
