ABDÓN VIVAS TERÁN
Economista, por la UCV, Doctor en Ciencias Políticas -Universidad Complutense de Madrid. Dirigente político demócrata cristiano, escritor, diputado al Congreso de la República, gobernador del Distrito Federal, Embajador en Colombia.

En el mes de agosto pasado se presentaron serios problemas en el mercado cambiario de Venezuela. El tipo de cambio del bolívar, en relación con el dólar, experimentó un alza pronunciada en cuestión de días, tanto en el mercado paralelo como en el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela (BCV, desde ahora). El tipo de cambio de referencia, publicado por el BCV, es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes. En este último, la divisa de Estados Unidos pasó desde 5,76 Bs/US$, el 1º de agosto, hasta 7,87 Bs/US$ el 31 de ese mismo mes; esto significa que la moneda nacional se depreció en 36,6% en ese lapso.

Por otra parte, si tomamos como indicativo del precio del dólar en el mercado paralelo el que consigna DolarToday cada día, observamos que, para este mismo lapso, la situación se agrava. En efecto, en este caso la divisa se movió desde 5,91 Bs/US$ el día 1º de agosto, hasta 8,20 Bs/US$ el 31 del mismo mes; esto significa una importante depreciación del 38,7% del bolívar digital en ese pequeño período.

Por supuesto, frente a esta realidad en la sociedad venezolana se desataron diversas reacciones. Los trabajadores denunciaron, en especial los gremios magisteriales, que sus salarios, siendo insignificantes, tendían a reducirse a cero; algunos comerciantes intentaron aumentar sus precios en bolívares argumentando que lo necesitaban para reponer sus inventarios que ahora serían más costosos en términos de la moneda nacional.

El régimen anunció que la culpa de la severa depreciación del bolívar digital no podía atribuirse a sus políticas económicas sino que era exclusiva responsabilidad de los acaparadores deshonestos que lo manejaban todo para aumentar sus ganancias, y de las sanciones de los EEUU.

Quien escribe piensa diferente. Estas fuertes variaciones en el tipo de cambio deben atribuirse a una falla sustantiva en la política antinflacionaria que ha venido practicando la administración. Este puso en marcha, desde mayo del 2019, lo que ha llamado política de intervenciones en el mercado cambiario, que está dirigida a anclar el tipo de cambio a una tasa previamente establecida, mediante ofertas directas de dólares desde el BCV al sistema bancario.

Ha sido estimado por distintas casas de consultoría económica e instituciones afines que el monto total que el BCV ha inyectado al mercado cambiario apoyando su política, en lo que va del año 2022, puede llegar a unos tres mil millones de US dólares.

Estas intervenciones han pasado por dos fases: en la primera, el BCV imponía un tipo de cambio y una cantidad de divisas que colocaba directamente en la banca privada; en la segunda, decidió flexibilizarlas y autorizó la participación directa de la banca en el mercado. De esta manera se fue activando un mercado paralelo en donde se transa un precio, diferente del establecido como referencia por el BCV, en las operaciones de compra y venta de divisas.

Compartimos la opinión de que lo que explica en realidad esta crisis cambiaria es que el régimen no cuenta con recursos en moneda extranjera para seguir manteniendo indefinidamente el tipo de cambio anclado mediante su política de intervenciones. Entonces, resulta evidente que la actual administración no puede realizar este tipo de acciones en el mercado en el momento, cantidad y oportunidad necesarios para satisfacer la elevada demanda existente de cambio extranjero.

Una primera explicación para esta carencia de divisas se encuentra en el hecho que la economía nacional, habiendo el Gobierno destruido el aparato productivo, ha llegado a un mínimo en el nivel de sus exportaciones. Esto es especialmente relevante en relación al sector de la industria petrolera, en cuyo caso el desmantelamiento del aparato productivo ha llegado a ser tan intenso que el nivel de producción diaria ha caído, según fuentes secundarias de la OPEP, a los 661.000 bs/d promedio. De este monto de producción, se exporta aproximadamente un 60%; pero ocurre que alrededor del 40% de esta cantidad se dedica al pago de deudas previamente contraídas con alguno de sus socios extranjeros como la República Popular China, y un 10% se envía a Cuba sin contraprestación adecuada.

Claramente, hay una fuerte escasez de divisas en manos de las autoridades monetarias venezolanas. Sin embargo, potenciando ésta, hay otra explicación que es imprescindible señalar: la recia demanda de dólares presente en el mercado se alimenta en la fuerte desconfianza que la comunidad nacional alberga en relación con el escaso poder adquisitivo, así como en la dudosa capacidad para ser depósito de valor, que muestra la moneda nacional llamada bolívar digital. Esta desconfianza es, a su vez, el resultado de las incoherentes y contradictorias medidas que en el área de la economía se han tomado en los últimos años.

Uno de los hechos más significativos que antecedió a esta crisis cambiaria es la rápida actuación del movimiento de los trabajadores, en especial, los asociados al sector magisterial. Desde meses anteriores a agosto de este año, la Federación Venezolana de Maestros (FVM, desde ahora) y numerosas otras asociaciones docentes, salieron a la calle a protestar contra la administración madurista. Pusieron sobre la mesa una contundente acción sindical; actuaron movidos por las reducciones acordadas en sus tablas salariales, las modificaciones negativas en sus contratos colectivos, la amenaza gubernamental de no pagar sus bonos de vacaciones, o de hacerlo de manera paulatina y diferida, y el incumplimiento de otras normas contractuales. Estos elementos constituían medidas que se aplicaban contra los trabajadores, supuestamente amparadas en un instructivo que contenía normas al respecto, atribuido a la ONAPRE (Oficina Nacional del Presupuesto).

Debe recordarse que la variable sueldos y salarios de los trabajadores públicos fue escogida preferentemente por el régimen para manipularla cuando comenzó a aplicar, desde mediados del año 2021, un ajuste fiscal para recortar parte del enorme gasto público.

Este gasto público, que venía ejecutándose desde años anteriores, había llegado a alcanzar cifras tan altas que se convirtió en un derroche fiscal gigantesco. Este enorme gasto fue financiado, fundamentalmente, mediante la emisión de dinero inorgánico por el BCV. Esta acción contravenía la Constitución en su artículo 320º, la ley del BCV y otros instrumentos legales, así como la precaución elemental, sugerida por una correcta aproximación al mantenimiento de los equilibrios básicos de la economía.

Preocupado por el impacto de este déficit fiscal creciente, el Gobierno decidió aplicar frenos; entre otros, imponer un elevado encaje legal, el intento de anclar el tipo de cambio como acabamos de señalar y una relativa desaceleración en la emisión de dinero inorgánico como bases para el reajuste fiscal que comenzaría a aplicar. Pero, además que estas medidas que acabamos de enunciar, se optó por utilizar de forma rápida, como parte esencial de su ajuste, la que estimaba como la más expedita medida a su alcance, que consistió en aplicar una política de pulverización de los salarios en el mundo de los trabajadores del Estado, como también la paralización de cualquier aumento de su salario mínimo durante cerca de un año.

Con todo y este intento de ajustar el gasto y, ya superada la alucinante etapa de la hiperinflación, aun así, el IPC seguía tan elevado como para estar ubicado entre los más altos del planeta; coloquemos, como ejemplo, que, en los meses de mayo, junio y julio del 2022, la tasa de inflación anualizada correspondiente llegó a 151%, 170% y 139%, respectivamente.

Resulta conveniente señalar que el régimen, siendo tan radical en la pulverización de los sueldos y salarios de los trabajadores, al mismo tiempo tomó disposiciones que dirigió a seguir incrementado las cantidades que destina, mediante la emisión inorgánica de dinero, al presupuesto de las empresas no financieras del Estado. Estos recursos se han aumentado desde la imponente cantidad de 112.863 millones de Bs en enero del año 2022, hasta la cantidad muy considerable de 127.500 millones de Bs en el mes de julio de este mismo año.

Decíamos que el movimiento de los trabajadores magisteriales salió a la calle a protestar contra el abusivo uso del supuesto instructivo de ONAPRE para afectar las tablas salariales y por el anuncio gubernamental de que no procedería a cancelar los montos correspondientes a los bonos de vacaciones. La protesta bien organizada, contundente y democrática, hizo su efecto. La administración retrocedió, y el 13 de agosto de este año anunció que procedería a los pagos correspondientes a los bonos en los próximos días.

Fue una victoria parcial. No obstante, los trabajadores docentes, agrupados en la FVM, Colegios Universitarios, Asociaciones Gremiales etc., anunciaron que seguirán en pie de lucha ya que restaban muchas partidas que, estando en los contratos colectivos, no habían sido reconocidas por la administración. Reivindicaciones tales como pólizas de cirugía y maternidad, préstamos hipotecarios, créditos para vehículos, prestaciones sociales no canceladas, primas de profesionalización disminuidas, escalas inter salariales reducidas, y algunas otras, siguen siendo banderas de lucha del movimiento democrático de trabajadores de la docencia.

Es importante señalar que, precisamente, mientras el Gobierno procedía a pagar sus compromisos con el mundo de los trabajadores por el bono vacacional, en la medida en que esa liquidez se encauzaba hacia el sistema bancario, se comenzó a experimentar un incremento en la demanda de dólares en el mercado y el consiguiente incremento en el tipo de cambio de bolívares por dólares. Así, por ejemplo, veamos qué ocurrió seis días después de que se decidiera reconocer el pago de los bonos al sector de la docencia.

El mercado reaccionó así: el día 19 de agosto, viernes, el tipo de Cambio de Referencia del BCV se situó en 6,16 Bs/US$; el siguiente jueves, 25 de agosto, ese tipo de cambio saltó a 7,82 Bs/US$; en menos de una semana, el valor del cambio de referencia se depreció en 26,9%. En cuanto al mercado paralelo, tomamos como un buen indicador el precio que registra DolarToday para la moneda de Estados Unidos, y así observamos que, para el día 19 de agosto, el tipo de cambio fue de 6,30 Bs/US$ y, para el 25 del mismo mes, el tipo de cambio se estableció en 9,55 Bs/US$; en este caso, la depreciación del Bolívar Digital es bastante superior a la que afectó al cambio de referencia y llega a la alta cota del 51,6% en el transcurso de solo seis días.

No se tiene información, reconocida oficialmente, de cuánto fue el monto total que recibió el universo sindical docente por estos bonos, pero sí se tiene plena conciencia de que dada la desconfianza en el bolívar a que aludimos con antelación, este monto fue dirigido de forma mayoritaria a la compra de divisas y fue suficiente para inducir un aumento de la demanda de dólares que trajo el consiguiente incremento en su valor medido por el tipo de cambio de referencia del BCV y del mercado paralelo. Desde las esferas gubernamentales se reaccionó con tardanza frente a este hecho; pasaron varios días antes de que anunciara una tímida intervención que llegó a la cantidad de 200 millones de US$. Pero esta acción, más la escasez de dólares que enfrenta la administración como fruto de su distorsionada política, más la incertidumbre y desconfianza en todos los planos de la actividad económica que él mismo genera, anuncia que este tiene cada vez más dificultades para continuar con su política de anclaje y tratar de mantener la inflación a raya por esa vía. El régimen madurista tiene ante sí, en consecuencia, la ocasión para impedir la presencia de otra nueva catástrofe hiperinflacionaria, mediante la eventual decisión, que pudiese estar dispuesto u obligado a tomar, de introducir cambios profundos y estructurales en la forma insuficiente, incoherente y contradictoria como ha manejado los equilibrios de las variables macroeconómicas básicas de la economía nacional.

Pero la desconfianza que se ha generado alrededor de esta política de anclar el tipo de cambio a una paridad controlada, hunde sus raíces en una serie de hechos que el régimen autoritario y su antecesor, el del Socialismo del Siglo XXI, han ejecutado a lo largo de las dos décadas que llevan ejerciendo el poder omnímodo en Venezuela. Haremos una breve síntesis de los hechos más relevantes.

Todos ellos apuntan a una devastación de la economía y de la sociedad nacional. Señalaremos algunos y nos limitaremos, en lo posible, al campo de lo económico-social: política de expropiaciones masiva, ilegal y arbitraria; destrucción del aparato productivo privado en la industria, el comercio, la agricultura y cría, los recursos marinos y los servicios; aniquilamiento del sector de hidrocarburos en todas sus fases y de la empresa petrolera insignia PDVSA; erosión de los servicios públicos más importantes como salud, educación, transporte; pulverización de los salarios; extensión desorbitada de la pobreza; aumento de la desigualdad según el Índice de Gini; contracción del PIB en más del 100%, lo que ocurrió en el período 2015-2021; alteración profunda de los equilibrios macroeconómicos básicos; hiperinflación galopante durante cuatro años, desde noviembre del 2017 a enero del 2022. Esta alcanzó, en febrero de 2019, la cota más elevada que se haya conocido a nivel mundial en muchas décadas, cuando tocó una tasa interanual de 2.296.000%; desordenada y gigantesca emisión de dinero inorgánico dirigida a financiar un déficit creciente en la gestión fiscal; cuasi extinción del valor del signo monetario venezolano el cual ha pasado por tres conos diferentes en los años 2008, 2018 y 2021 con los bolívares denominados fuerte, soberano y digital.

Durante esos años el bolívar ha perdido tan radicalmente su valor que el Gobierno ha tenido que eliminar 14 ceros de su denominación. Asimismo, ha habido una desconexión con el sistema financiero internacional y con los organismos financieros transnacionales como el FMI; declaración de insolvencia en el pago de la deuda externa de la república; deliberada opacidad para toda la información estadística y económica, lo que incluye, nada menos, que los datos y la evolución del Presupuesto Fiscal de la Nación; expansión generalizada de la corrupción a todos los niveles de la gestión administrativa; desconocimiento del Estado de derecho y de los derechos humanos.

Dado lo expuesto, creemos que está llegando el momento de abrir el camino a un nuevo orden económico nacional. Esta nueva ruta debe conducir a la sociedad y a la economía hacia un reordenamiento estructural. En el plano económico, se trata de poner en marcha una estrategia amplia para reordenar la economía alrededor de nuevas líneas, principios y contenidos. Frente a este desafío una mayoría de los integrantes de la comunidad científica de la economía, así como de la ciudadanía, tiende a pensar que la administración actual no puede conducir o liderar este proceso precisamente por su carácter autoritario.

Sin embargo, las realidades sociales van cambiando cada día y el Gobierno se ve enfrentado a nuevos y peligrosos retos dentro de los cuales el más desafiante, en el corto plazo, es la reactivación de la espiral hiperinflacionaria con la secuela de desgraciadas circunstancias económicas y sociales que engendra. Analizando hechos como este, u otros aún más graves, resulta posible para algún otro sector formular la hipótesis que el régimen, forzado por las circunstancias o llevado por su propia capacidad de reflexión autocrítica, puede ser capaz de corregir su rumbo, producir ajustes dentro del equipo de conducción de su gestión administrativa, alterar sus decisiones sobre su política económica y modificar sus objetivos. En lo personal, soy especialmente escéptico frente a la posibilidad de que haya cambios, en lo esencial, en su manera de conducir la economía.

Para terminar este trabajo debemos señalar que el punto de arranque de todo proceso de construcción de esta nueva economía consiste en despejar, tan pronto cuanto sea posible, el enorme grado de desconfianza que hoy campea en relación con la economía, con la unidad monetaria y con la capacidad del régimen de conducir la política económica.

Por ello, debemos destacar que sí se puede diseñar un conjunto de medidas que, de llegarse a aplicar, podría ayudar enormemente a restaurar la confianza en los agentes económicos; sin embargo, no parece que sea un camino que pueda esperarse de forma realista.

Tal conjunto de medidas está constituido por el siguiente listado mínimo: Devolver a sus legítimos propietarios aquellas instalaciones, fábricas, edificios, fundos agrícolas y pecuarios, oficinas administrativas, terrenos, vehículos etc. que, en forma indiscriminada, arbitraria e ilegal, fueron expropiados; garantizar la seguridad de las inversiones extranjeras y nacionales, de la contratación empresarial, de la aplicación del Estado de derecho, y del derecho a la propiedad privada de los medios de producción, en el marco de la ley; compromiso de no realizar expropiaciones compulsivas; adelantar el libre juego de la competencia en un mercado con regulación social; aplicar una política de equilibrio de las variables macroeconómicas básicas; relanzar con urgencia el aparato productivo privado nacional y la industria y explotación de los hidrocarburos; impulsar el desarrollo de una autoridad autónoma encargada de la política monetaria; garantizar la libertad de asociación gremial y de asociación en el mundo del trabajo; reincorporar a Venezuela a las organizaciones internacionales monetarias tales como el FMI; comenzar el diálogo con el FMI que tienda a desarrollar un amplio Acuerdo Bilateral de Financiamiento para el relanzamiento de la economía nacional; retomar el diálogo sobre el pago de la deuda externa con los grupos acreedores de la nación.

Concluimos diciendo que si se llegase a restaurar la confianza en la comunidad venezolana quedaría abierto el camino para llevar a cabo una armónica política económica que, a su vez, pudiera ser el fundamento del ajuste estabilizador y de la construcción de un nuevo orden en el plano de la economía.