HÉCTOR QUINTERO MONTIEL
Licenciado en Estudios Internacionales, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ha realizado estudios de postgrado en la Universidades Complutense de Madrid, Metropolitana, Católica Andrés Bello, y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Funcionario diplomático de carrera, ha desempeñado funciones diplomáticas en Australia, Italia, Libia, Gabón, Brasil, Surinam, Chile, Ecuador, Naciones Unidas, Estados Unidos de América, Israel, Emiratos Árabes Unidos y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así mismo, fue director general del Despacho en el Ministerio del Interior y Justicia; Gerente General y Gerente de Relaciones Internacionales en la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, Corpoindustria; Subsecretario del Consejo de ministros.
El concepto de derecho a la salud se ha enunciado en acuerdos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”. La carta constitutiva de la Organización Mundial de la Salud así lo establece, “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. La salud es extremadamente importante para la sociedad, una buena salud permite el trabajo productivo de las personas, el poder educarse y convivir con los miembros de la sociedad.
La Organización de Estados Americanos, O.E.A., en su resolución 04/2020 estableció: “Los Estados deben dar cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con COVID-19, inclusive mediante la integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario, que reconozca y afirme la dignidad humana, la eliminación de todas las formas de discriminación, así como la indivisibilidad y la interdependencia de tales derechos en sus normas, políticas y toma de decisiones, y dentro de todos los poderes públicos de los Estados”.
Basado en lo anteriormente descrito podemos decir que los gobiernos son responsables de proteger a sus ciudadanos y garantizarles su salud y seguridad; ello puede incluir la limitación o suspensión temporal de las libertades civiles. Según algunos analistas, varios países se aprovecharon de la pandemia mundial de COVID-19 para implementar medidas represivas al amparo de la «protección de la salud pública».
La pandemia de COVID-19 ha agregado otras incertidumbres, lo que facilita que algunos líderes usen la crisis como excusa para expandir su autoridad y reprimir a su pueblo. Si bien las protestas populares contra los gobernantes autoritarios fueron acalladas durante los primeros meses de la pandemia, en Bielorrusia y otros lugares, la demanda popular de rendición de cuentas ha regresado.
Según Larry Diamond, autor de Democracia versus pandemia en Relaciones Exteriores, “Los regímenes autoritarios en Bangladesh, Bielorrusia, Camboya, China, Egipto, El Salvador, Siria, Tailandia, Turquía, Uganda, Venezuela y Vietnam han detenido a críticos, trabajadores de la salud, periodistas y miembros de la oposición durante la pandemia.[1]
En Venezuela, funcionarios de seguridad del régimen chavista solicitaron a los ciudadanos que denunciaran a los que pudiesen haber estado en contacto con el coronavirus como «bioterroristas» y detuvieron a los que regresaban del extranjero en condiciones de hacinamiento con comida, agua o máscaras limitadas durante semanas o incluso meses. Por miedo al contagio. Se desconocen las cifras reales de la pandemia.
China ha reducido algunas de las restricciones impuestas a la movilidad de las personas para contener la pandemia de COVID-19, en un momento en que han subido las infecciones provocadas por la variante ómicron en una población que no ha sido vacunada masivamente.
Cientos de personas, hartas del encierro, han protagonizado varias protestas y manifestaciones. Los participantes atribuyeron las muertes a que las puertas del edificio estaban bloqueadas para evitar los contagios, algo que las autoridades niegan. El gobierno enfrenta el dilema de cambiar el enfoque sanitario para estimular la economía, arriesgándose a que los contagios se salgan de control. La pandemia ha demostrado cómo los problemas internos de China pueden afectar al flujo del comercio y la inversión, con sus confinamientos y controles fronterizos que interrumpen las cadenas de suministro.
Hemos visto que las naciones del hemisferio occidental también han soportado grandes problemas durante la COVID-19, el florecimiento de los antivacunas, los incrédulos y quienes rechazaban la utilización de mascarillas produjo una inconmensurable cantidad de fallecidos ocasionados por la pandemia los cuales se reflejaron sobre todo entre las personas mayores. Entorpeciendo las funciones del Estado en su función de proteger a sus ciudadanos y cumplir con la salvaguarda de los derechos humanos.
Las democracias, en cierta manera pudieron cumplir mejor con sus obligaciones, toda vez que las medidas de protección a la población fueron más transparentes que las de las autocracias, aunque aún no conocemos con exactitud el número de difuntos causados por la pandemia. Esta oscuridad condujo a algunos opinadores a expresar que en algunos países aprovecharon la ocasión para deshacerse de personas mayores que en cierta manera ya habían cumplido con la sociedad y el mundo, Afirmación que aún no ha sido comprobada, como tampoco lo ha sido el origen, naturaleza y desarrollo del virus.
En 2023, podemos preguntarnos: ¿aún existe la pandemia? ¿Los Estados respetaron el derecho a la salud de sus ciudadanos? Solo el tiempo nos lo dirá.
[1]: McCain Institute
