JOSÉ IGNACIO MORENO LEÓN
Frente a los retos de la naciente posmodernidad, y en especial como respuesta a la globalización y a la sociedad del conocimiento que se está configurando al ritmo exponencial de la revolución científica y tecnológica más profunda de la historia humana, los teóricos contemporáneos del sistema de Economía Social y Ecológica de Mercado (ESEM) han señalado su preocupación por los efectos sociales de estos dinámicos procesos de cambio, en una globalización y mundialización económica que asoma notables sesgos excluyentes e iniquidades que tienden a profundizar la brecha entre ricos y pobres y entre países ricos y naciones menos favorecidas, y también que presenta una tendencia economicista que desliga el proceso económico de los principios y valores éticos que son fundamentales para asegurar un desarrollo humano sustentable.
Conviene recordar que el colapso del comunismo marxista y del “socialismo real” como política económica y como ideología aceleró el paso al proceso de globalización y la transición de un mundo en donde la competencia había estado planteada en términos de la bipolaridad política hacia un proceso fundamentalmente orientado a la competencia económica, lo que para muchos significó el triunfo del capitalismo de libre mercado sobre el estatismo económico socialista. Frente a esta errónea visión Juan Pablo II, el santo Papa, señaló en mayo de 1991 en su encíclica Centesimus Annus la incapacidad del capitalismo liberal para resolver los problemas del hambre y la pobreza, advirtiendo igualmente sobre los peligros de convertir el capitalismo radical en una doctrina hegemónica para ser impuesta en los países en desarrollo, reconociendo sin embargo las posibilidades de la economía de mercado y de libre empresa, siempre y cuando este sistema se ajuste a las exigencias del bien común.
Frente a esas nuevas realidades globales y a la creciente preocupación por el deterioro medioambiental, se plantea la necesidad de un paradigma renovado de Economía Social y Ecológica de Mercado, con nuevas prioridades en el ámbito político, dándole mayor alcance al desarrollo educativo en todos sus niveles, a fin de impulsar una educación de excelencia e inclusiva, con una pedagogía de educación en valores, de fomento del pensamiento crítico, y de actitudes y habilidades para que el educando sea capaz de gestionar su aprendizaje frente a las cambiantes demandas del conocimiento. Todo ello como sustento del capital social y la formación ciudadana para fortalecer la democracia y como palanca fundamental del desarrollo en el entorno de la naciente ciber economía y en respuesta a las dinámicas demandas de la posmodernidad que están generando nuevas actividades, nuevas profesiones y nuevos emprendimientos laborales.
Con una visión humanista el nuevo paradigma educativo, como apoyo a la ESEM, debe igualmente promover la enseñanza y práctica de los valores de la democracia, del patriotismo y de la participación ciudadana, potenciando la dignidad humana, a fin de asegurar que en la promoción del progreso la persona humana, la equidad social y la defensa del medio ambiente pasen a ser el centro y objetivo de la sociedad.
En el caso venezolano, dada la gravedad de la crisis que en todos los aspectos afecta al país y para superar la cultura del rentismo y del clientelismo político y tratar además de erradicar el perverso vicio de la corrupción, el paradigma de la Economía Social y Ecológica de Mercado luce como el sistema idóneo para superar esas barreras al desarrollo nacional, e igualmente para exterminar en nuestra sociedad y en nuestra cultura el mesianismo y el caudillismo y clientelismo político que también han sido pesado fardo para el desarrollo democrático del país y han impedido la conformación de una sólida democracia de ciudadanos.
Por todo lo anterior se requiere entender que el desarrollo no solo debe concebirse como un problema económico, sino que tiene que promoverse comprendiendo toda su compleja integralidad social y humana, lo cual exige de las propuestas sistémicas del paradigma de la ESEM que reconocen la interrelación entre los sistemas políticos y económicos y la necesidad del consenso social, combinando en el mercado los principios de libertad, solidaridad, subsidiaridad, equidad social y respeto a la persona humana y al interés medioambiental. Se trata entonces de impulsar este sistema humanista de desarrollo humano sustentable como estrategia fundamental para reinventar el país y asegurar la inserción, no traumática, de Venezuela en las complejas realidades que se están creando en la posmodernidad.
Es muy importante advertir que el paradigma de Economía Social y Ecológica de Mercado puede asegurar su viabilidad en las complejas realidades sociales, económicas y políticas que se deben superar en Venezuela, siempre y cuando se logre una adecuada estrategia de concertación social para fortalecer la cultura democrática, la participación social y los pactos básicos en la dirección política del país, dando prioridad a la solución de problemas sociales críticos como la extrema pobreza, la desigualdad y la ignorancia que representan graves amenazas a la estabilidad democrática.
Se impone entonces, como acción fundamental para garantizar la gobernanza de este proceso de cambios, el replanteamiento del accionar político y la revisión de las instituciones y rescate de la ética y transparencia en la función pública para reforzar la cultura democrática, mediante un gran acuerdo nacional, descartando los tradicionales operadores políticos con visión cortoplacista y oscuros intereses grupales y crematísticos, e incorporando a representaciones relevantes de la sociedad civil para asegurar una gobernanza democrática, en la que se gobierne no solo para los ciudadanos sino fundamentalmente con los ciudadanos.
Ese magno acuerdo debe ser promovido por genuinos líderes, como agentes de cambio con sólidos principios éticos y humanistas. Líderes con visión de futuro que comprendan la complejidad de las nuevas realidades globales y que entiendan el accionar político en una nueva democracia, como un servicio público y como un compromiso histórico para asegurar las transformaciones que el país requiere, en un entorno de estabilidad política y paz social.
