El 20 de septiembre en el corregimiento de Timbal en el norte del Valle del Cauca estalló un carro bomba contra la estación de policía.
Tres personas murieron y cinco resultaron heridas.
Julio César Moreno
Elecciones y violencia terrorista
Las próximas votaciones regionales de Colombia se realizarán el venidero 29 de octubre en medio de un creciente clima de violencia narcoterrorista y de una intensa confrontación política.
Al analizar esta crítica situación el diario El Heraldo dice lo siguiente en su edición del pasado 3 de septiembre: “A 56 días de que se cumplan las elecciones regionales de 2023 las alarmas por la situación de orden público y el riesgo electoral no ceden en el territorio nacional. Todo lo contrario. Aumentan”.
Destaca el matutino de la región caribe colombiana que la Defensoría del Pueblo ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destinadas a la protección de la vida e integridad de los funcionarios públicos, y de los candidatos que participan en esa próxima jornada eleccionaria.
Afirma la nota informativa que la solicitud tiene características “extremas, urgentes y prioritarias”, porque 32 funcionarios y 42 candidatos han sido amenazados por las bandas guerrilleras y los grupos armados del narcotráfico en Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y el Valle del Cauca.
De acuerdo con estas graves denuncias cerca de 400 municipios del país se encuentran en riesgo de alta y de extrema violencia con motivo del proceso electoral, mientras tanto los gobernadores de Tolima, Guaviare y Meta trabajan bajo amenaza, y en igual situación de peligro están 26 alcaldes, de los cuales 15 se ven obligados a desempeñar sus funciones, despachando fuera del municipio de su competencia. Sin embargo, estas alertas han sido desmentidas por el presidente Petro quien ha dicho: “No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y allí estaremos”.
Los grupos armados más importantes, responsables de la ofensiva terrorista, son las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las llamadas Auto Defensas Conquistadoras de la Sierra Nevada integradas por miembros de las disueltas Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC).
Con todos estos sectores el gobierno de Petro lleva adelante, en medio de pocos avances y muchos tropiezos, su política de “paz total” que propone el perdón de los crímenes de las bandas narcoterroristas, y su incorporación a la vida política legal bajo condiciones previamente acordadas en las distintas mesas de negociación.
Al firmar el pasado 4 de noviembre la ley que le faculta para negociar con las guerrillas, el presidente afirmaba que gracias a ese instrumento legal se logrará el desmantelamiento pacífico del crimen, mediante la renovación del marco regulatorio que permitirá construir negociaciones con quienes están al margen de la ley.
Sin embargo, la percepción de la opinión pública va en sentido contrario al discurso presidencial pues los mismos grupos ilegales que acuden a los diálogos practican atentados contra policías y militares, continúan incurriendo en el secuestro, el crimen y el hostigamiento de la población civil, y ahora utilizando esos métodos se convierten en una abierta amenaza del venidero proceso electoral.
Ante estos hechos la Misión de Observación Electoral, MOE, informó que del 29 de octubre de 2022 y hasta el 29 de agosto de 2023 ocurrieron 288 actos de violencia contra líderes político. Según ese organismo esta cifra es un 80%, más alta que la registrada en el mismo lapso de tiempo en las elecciones regionales del año 2019”.
Lo ocurrido en San Vicente del Caguán el pasado 3 de marzo es uno de estos sucesos característicos de la impune violencia narco-subversiva que azota al país. En esa ocasión 5 empleados de una instalación petrolera, y 78 policías que custodiaban las instalaciones de esa empresa fueron brutalmente agredidos, despojados de sus armas y secuestrados por miembros de las llamadas “brigadas indígenas”.
En el enfrentamiento murió un campesino, y el jefe del grupo policial, el subteniente Ricardo Arley de 39 años fue asesinado a machetazos por uno de los asaltantes. El cadáver del oficial permaneció durante más de 4 horas en el mismo sitio en el que se encontraban encerrados sus compañeros de armas; mientras tanto las redes sociales transmitían al país angustiosos llamados que se hacían a los comandos centrales de la policía, solicitando una ayuda urgente que llegó con inexplicable retraso.
El criminal operativo realizado por los guardias indígenas es una muestra del violento rechazo de esos grupos a la presencia del Estado en esas zonas rurales, y está destinado a desmoralizar a la fuerza pública y a impedirle ejercer sus tareas como garantes del orden y la seguridad en aquellas apartadas regiones. Para cumplir ese denigrante objetivo los policías fueron sometidos a tratos humillantes y luego introducidos en un camión en el que los pasearon por la población, exhibiéndolos “como trofeos de guerra”, según relatara a los medios de comunicación uno de las agentes víctimas de la condenable agresión.
Los audios divulgados por los medios de comunicación causaron tal conmoción en la opinión pública que el ministro de la defensa Iván Velásquez y el ministro del interior Alfonso Prada, acompañados de funcionarios de Naciones Unidas, de la iglesia católica y la Defensoría del Pueblo se trasladaron al lugar de los hechos con el fin de lograr la liberación de los policías y de los funcionarios de la empresa que se mantenían secuestrados.
Pero si los violentos sucesos alarmaron al país, la solución adoptada para abordar el conflicto fue motivo de sorpresa y del mayor rechazo público, debido a la manera sumisa como los dos ministros actuaron frente a los delincuentes que secuestraron a ciudadanos pacíficos, y a efectivos de la policía, asesinando con crueldad y alevosía a uno de sus oficiales.
Los guardias indígenas impusieron como condición para entregar a los secuestrados la firma de un acta en la que se hizo constar que lo ocurrido había sido “un cerco humanitario de las personas retenidas por una movilización campesina”. Y Así fue establecido en un documento entregado por los ministros a los secuestradores poniendo punto final al trágico suceso.
Estos supuestos guardianes del territorio indígena forman parte de las mismas brigadas que adoctrinadas y organizadas por el gobierno irrumpieron de manera violenta en las instalaciones de le revista Semana, agrediendo a los guardias del medio de comunicación, rompiendo, puertas y ventanas, profiriendo graves amenazas contra la periodista Vicky Dávila directora de la revista, y contra todos los medios privados a los que califican como instrumentos al servicio de los poderosos.
Otros acontecimientos no menos crueles ocurrieron en abril pasado cuando guerrilleros del ELN mataron en el Departamento de Arauca a nueve soldados encargados de la custodia de un oleoducto. Los militares asesinados fueron sorprendidos mientras descansaban luego de cumplir con su jornada de trabajo. Eran jóvenes reclutas que prestaban el servicio militar.
Y el 16 de mayo en el Departamento de Caquetá las disidencias de las FARC asesinaron a cuatro niños indígenas que habían sido reclutados forzosamente y se disponían escapar del campamento guerrillero. Fueron perseguidos y masacrados por esa banda subversiva que hoy discute en mesas de negociación la paz ofrecida por el gobierno.
El 20 de septiembre en el corregimiento de Timbal, municipio Buenos Aires en el norte del Valle del Cauca estalló un carro bomba contra la estación de policía. Tres personas murieron y cinco resultaron heridas. Y el día 22 del mismo mes, en la zona sur de este Departamento, ocurre otro ataque similar contra la sede policial en el corregimiento de Potreritos, situado en el municipio Jamundí, dejando graves daños en viviendas y ocasionando heridas a doce personas, entre ellas varios menores de edad.
El defensor del pueblo Carlos Camargo Assis cataloga estos hechos como graves violaciones de los derechos humanos, y afirma que la violencia podría influir negativamente en la jornada democrática del próximo 29 de octubre, “pues a los ciudadanos les daría temor salir a ejercer su legítimo derecho al voto”.
Y a estas acciones, practicadas por las distintas guerrillas vienen a sumarse las que realizan los sectores más radicales afectos al “proyecto histórico”, entre los cuales están los agrupados en las llamadas “primeras líneas” conocidas por su participación en las vandálicas protestas contra la fallida reforma tributaria del expresidente Iván Duque.
En Cali fueron agredidos los asistentes a un foro de juventudes organizado por los candidatos de oposición. Los atacantes se identificaron como “la resistencia “, pertenecientes a la primera línea de esa ciudad. El candidato a concejal de Bogotá por el Centro Democrático Iván Díaz fue brutalmente golpeado cuando salía de un evento realizado en la Universidad Pedagógica. Y el concejal Silvio Rosero en el municipio Taminango en Nariño fue asesinado.
Ante estos violentos sucesos, el ex candidato presidencial y aspirante la Alcaldía de Medellín Federico Gutiérrez afirmó que el gobierno permite y fomenta las agresiones, privilegiando a los grupos delictivos sobre las autoridades y dejando en el abandono a los candidatos de la oposición a los que coloca en las manos de esas organizaciones criminales.
El peligroso choque de los poderes públicos
El presidente Petro y el fiscal general Francisco Barbosa
Al lado del clima de zozobra creado en el proceso electoral regional, se desarrolla una cada vez más peligrosa confrontación institucional entre el poder ejecutivo y el resto de los poderes públicos en relación con las narcoguerrillas y los grupos violentos al servicio del oficialismo.
La denuncia pública presentada el pasado 8 de agosto por el fiscal general Francisco Barbosa sobre un atentado que estaría fraguando el ELN para asesinarlo es uno de estos casos. De acuerdo con el fiscal Barbosa el gobierno tenía conocimiento de los planes criminales desde hace más de dos meses gracias a informaciones de fuentes extranjeras de inteligencia que habían sido entregadas al Ejército Nacional, y sin embargo se ocultó la información y no se tomaron las medidas necesarias para enfrentar la grave amenaza.
Como breve respuesta al fiscal general, el presidente Petro declaró en su cuenta Twitter de esta manera: “Un alto funcionario del Estado se ha dejado engañar. Siempre, personalmente, le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere, como es mi deber, y lo seguiré haciendo”.
En entrevista concedida a la Revista Semana el fiscal calificó las declaraciones del primer mandatario como “ligeras e irresponsables”,
afirmó que esas expresiones le preocupan tanto como el plan de atentado del ELN, agregó que “no le están contando la verdad al presidente pues la investigación de la Fiscalía no deja dudas”, advirtió que el presidente y el ministro de la defensa eluden sus responsabilidades y que de esa manera ponen la seguridad de Colombia “en riesgo total”.
Además, precisando de manera oficial los detalles de la denuncia un comunicado publicado el 23-8-2023 señala los siguientes 5 puntos:
1. Hace dos meses, la Fiscalía abrió una investigación formal relacionada con la intención del ELN de realizar atentados terroristas en Bogotá en contra del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado; algunas sedes de la entidad, varias personalidades de la vida pública y organismos internacionales, entre otros objetivos.
2. En el curso de la investigación, se han conocido tres fuentes distintas de información que coinciden en señalar de manera independiente que existe una intención real del ELN de ejecutar una acción criminal en Bogotá, en las condiciones y en contra de las personas o entidades indicadas, y precisan que se han realizado reuniones y capacitaciones en Venezuela con el fin de materializar las acciones criminales. Una de estas fuentes está a cargo del Ejército Nacional, y también estuvo a disposición del Cuerpo Técnico de investigación (CTI); otra fue conocida directamente por la Fiscalía y la tercera fue contactada por una agencia estadounidense.
3. El pasado 4 de agosto, el Ejército Nacional comunicó a la Fiscalía General de la Nación la información recibida sobre el atentado que estaría planeando el ELN en contra del fiscal general de la nación y reveló la existencia de un reporte de la Unidad de Investigación de Análisis Financiero (UIAF) que da cuenta de movimientos financieros sospechosos de personas cercanas a alias El Rolo, cabecilla del denominado Frente Urbano Nacional del ELN y uno de los posibles implicados en la planeación del ataque terrorista. Desde entonces, se está a la espera del informe oficial de la UIAF para contrastar la información manejada por esa entidad.
4. Hace dos años, los organismos de inteligencia han conocido de las intenciones del ELN de realizar un atentado en Bogotá. Dispositivos electrónicos encontrados durante las operaciones a los cabecillas del Frente de Guerra Occidental evidencian que varias estructuras de este grupo armado han realizado inteligencia criminal y obtenido detalles sobre la vida privada de algunas personalidades públicas del país.
Adicionalmente, en los últimos ocho meses, han sido capturados en Bogotá, por lo menos, tres hombres que tendrían nexos con el ELN. Dos de ellos pretendían ingresar armas a la ciudad, y el otro era un explosivista del Frente de Guerra Oriental. Asimismo, inteligencia militar advirtió en marzo de 2022 que un presunto integrante del Frente Urbano Nacional, además, capacitado en Venezuela llegó a Bogotá. Actividades de Policía Judicial corroboraron que frecuentaba sectores aledaños al búnker de la Fiscalía General de la Nación y a la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
5. La Fiscalía ve con profunda preocupación que, ante todos estos antecedentes y otros elementos obtenidos en el curso de las investigaciones, la comunidad de inteligencia y los organismos de defensa del Estado no han ejercido una profunda capacidad de análisis y han restado trascendencia a información sensible sobre las pretensiones del ELN. En ese sentido, hace un llamado para que se verifique con rigurosidad este escenario de amenaza real y se tomen urgentes medidas en beneficio de la institucionalidad, la seguridad y la vida de las personalidades involucradas, y la ciudadanía en general. Esta información se publica por razones de interés general”.
Y ante la actitud asumida por el gobierno al desestimar la denuncia, Francisco Barbosa en su condición de jefe del ente investigador colombiano viajo a Washington a presentar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de solicitar medidas cautelares para él y para su núcleo familiar que le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad.
Igualmente, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el general retirado Fernando Zapateiro excomandante general del ejército acudieron al órgano judicial de la OEA para denunciar que desde hace más dos meses el gobierno tenía información proveniente del Ejército Nacional del plan del ELN destinado a atentar contra ellos sin que se adoptaran las medidas destinadas a evitarlo, y al considerarse desasistidos de protección, a través de un representante legal, solicitaron la adopción de medidas cautelares para garantizar su seguridad y la de sus familiares.
Posteriormente, se plantea un nuevo enfrentamiento entre la fiscalía y el presidente a raíz de la denuncia formulada por los habitantes de Tierraalta, un municipio situado al sur del departamento de Córdoba en la región Caribe de Colombia, que fueron víctimas de hombres armados quienes quemaron sus viviendas y les maltrataron físicamente obligándoles a abandonar el pueblo.
El grupo agresor, inicialmente señalado como disidentes de las FARC, resultó ser parte de un batallón de soldados de infantería establecido en la zona. Esto quedó comprobado oficialmente en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía de la Justicia Penal Militar, Pero en el ambiente político que está presente en Colombia desde el inicio del gobierno de Petro, desafortunadamente estos hechos no podían escapar del cada vez más peligroso y enconado debate público.
Así las cosas, el presidente en su cuenta Twitter, previo al inicio de las investigaciones, afirmó: “Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno, es el mismo ejército quien debe presentar públicamente su propia investigación en estos hechos”. Y en un acto político realizado el14 de septiembre Petro dijo: “no es un caso aislado ¿que buscaban los que dieron la orden?, evidentemente no era un mensaje a los pobladores humildes, era para decirle a la sociedad que este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos. Los que dieron la orden quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”.
El fiscal Barbosa fija posición ante las declaraciones del presidente señalando que “las funciones de investigación en este país no están en cabeza suya, sino en cabeza de la fiscalía general de la nación”. Y afirma que el ejército no da garantías para la investigación de la justicia colombiana. De esa manera, el abordaje de un tema tan delicado, en vez de ser objeto de la investigación coordinada en las instituciones competentes, se convierte en una nueva confrontación, de las tantas que vienen desestabilizando a la democracia colombiana.
Para enrarecer aún más la situación política del país y el ambiente de
inseguridad que se vive en las más apartadas regiones rurales de Colombia, el helicóptero del ejército que transportaba a los delegados de la Fiscalía, de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo hacia la población de Tierraalta con el fin de iniciar las investigaciones sobre los atropellos contra los habitantes de esa localidad, fue atacado desde tierra con armas de largo alcance que impactaron a la aeronave y obligaron a la tripulación a desviar su curso.
De acuerdo con versiones del comandante general del ejército, el general Luis Mauricio Ospina, el Clan del Golfo sería responsable de los disparos efectuados a la aeronave militar. Y ante el grave significado que tiene esa acción contra la calificada representación de los poderes públicos, una vez más el fiscal Barbosa se dirige al país expresando que, “en medio de las negociaciones con los grupos armados el gobierno ha minimizado las capacidades de la fuerza pública”.
En declaraciones al medio digital RED-Noticias el general (R) Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (ACORE), se pronunció por “acelerar la investigación para encontrar a los responsables, establecer los hechos y verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el fin de dar con los actores que estarían detrás de reprochables conductas dentro de las filas de la institución”.
Para el general León, la inestabilidad que vive la fuerza pública se debe a la poca claridad en la información ofrecida por el gobierno al intentar definir cómo pueden actuar los uniformados en el terreno y como deben proteger a la población en medio de los ceses de fuego bilaterales, principalmente con el ELN y las disidencias de las FARC.
Por su parte, el coronel (R) Carlos Martínez Caballero, miembro del Foro Ampliado de Reserva Organizada (FARO), a través del mismo medio informativo declaró que lo sucedido es algo muy delicado para la tranquilidad de los ciudadanos, y es muy triste que estas situaciones todavía ocurran en Colombia. Afirmó que a esto se suma el pasado guerrillero de Petro, como miembro del M-19, y que por razones ideológicas no hay un respaldo irrestricto hacia la fuerza pública por parte de su gobierno.
¿Hacia dónde conduce la crisis?
El ex presidente Andrés Pastrana impulsa el juicio político al presidente Petro
A escasas semanas de las elecciones, todo parece indicar que el gobierno sufrirá un desgaste significativo en estas votaciones regionales y municipales a realizarse el 29 de este mes de octubre. Así lo anuncian las más importantes empresas encuestadoras del país que coinciden en ubicar el rechazo al oficialismo en un 60%. Y esas mismas encuestas señalan la debilidad de sus candidatos, que apenas tienen opciones favorables en algunos pequeños municipios.
Sin embargo, ante estas perspectivas tan adversas, lejos de reorientar sus políticas y hacer concesiones que permitan construir alianzas destinada a estabilizar la gobernabilidad el presidente parece decidido a combatir de manera vehemente toda oposición a sus proyectos y a destruir los espacios que son necesarios para la convivencia democrática.
En tales condiciones, la corrupción que invade su entorno más próximo le afecta severamente y le obliga a enfrentar las graves denuncias que hoy se ventilan en los medios de comunicación y que en algún momento pueden concretarse en medidas que conduzcan a su salida del poder.
En ese sentido, el expresidente Andrés Pastrana propone iniciar el juicio político en el Congreso acusando a Petro de financiar su campaña con aportes del narcotráfico y de actuar en complicidad con su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando. Mientras que la fiscalía general compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Diputados con las confesiones que ante el ente acusador hizo Nicolás Petro, en las que asegura que su padre tenía conocimiento del financiamiento ilegal para su comando de campaña.
Otra iniciativa a favor del enjuiciamiento político al presidente es la promovida por el ex senador Carlos Alonso Lucio, quien organiza un movimiento cívico en todo el país destinado a lograr por la vía constitucional la destitución del mandatario. Afirma el exparlamentario que el gobierno sustituye a gremios y a instituciones por milicias que responden a su proyecto político ideológico. Dice que la ciudadanía debe asumir la causa del enjuiciamiento porque “Petro no gobierna, destruye a Colombia”.
En medio de esta compleja realidad, lo cierto es que mientras el petrismo desciende en los niveles de apoyo ciudadano se radicaliza su discurso y se elevan peligrosamente los niveles de crispación colectiva. Pareciera que las políticas, las declaraciones y los discursos presidenciales están dirigidos a retar al cada vez más numeroso sector de la población que desaprueba su gestión.
La incorporación de las bandas armadas del narcotráfico a los diálogos de la “paz total” es uno de los temas que dividen al país y crean ambientes propicios para la impunidad, la tolerancia y la anarquía frente al delito. Mientras esos grupos realizan acciones criminales en contra de la población civil, el ejército y la policía, el gobierno insiste en dialogar con ellos poniendo especial empeño en sus negociaciones con el Cartel del Golfo cuyo jefe (alias Otoniel) fue capturado y deportado a los Estados Unidos durante el gobierno de Iván Duque.
Ese grupo es considerado el más violento y organizado de Colombia, con ramificaciones en cerca de 211 municipios, y con un extenso prontuario criminal de extorsión, tráfico de drogas, asesinato de civiles y miembros de la fuerza pública, de masacres y atentados terroristas con uso de bombas y granadas, extorsión y reclutamiento forzado de menores.
Así las cosas, el gobierno propone a los narcotraficantes, a cambio de su renuncia al delito y a la entrega de las fortunas obtenidas en esas actividades ilícitas, la posibilidad de quedarse con el 6% de esos bienes. Y como castigo por los crímenes cometidos en sus acciones terroristas les ofrece reducir las condenas a penas efectivas de 6 a 8 años de prisión en establecimientos penitenciarios, o ser acogidos en mecanismos restaurativos con vigilancia y monitoreo, de acuerdo con un proyecto de ley que propone su gobierno.
En la Asamblea General de Naciones Unidas; reunida el 20 de septiembre de 2022, Petro reafirmó que el combate mundial contra al narcotráfico ha fracasado, y luego de preguntarse “¿qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?”, dijo que “el dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad”.
De aquellas palabras se desprende la decisión de poner punto final a la guerra contra el narcotráfico que los anteriores gobiernos colombianos adelantaron en estrecha relación con los Estados Unidos. Y si tomamos en consideración que Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo es lógico pensar en las graves consecuencias que traerá para todos los países la indulgente política del gobierno del Pacto Histórico frente a las mafias narcotraficantes.
Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) publicado en este pasado mes de septiembre, la siembra de hojas de coca en Colombia alcanzó el récord de 230.000 hectáreas, y de acuerdo con el análisis de Bloomberg las exportaciones petroleras en el primer semestre de este año cayeron en un 30%.
Señala el informe de Bloomberg elaborado por el economista Felipe Hernández que las exportaciones de cocaína llegaron a 18.200 millones de dólares el pasado año frente a 19.100millones de dólares del ingreso petrolero, y se deduce a partir de esas cifras que la cocaína va a ser pronto la primera fuente de ingresos de Colombia.
Por otra parte, en un proceso de drásticos cambios en la política exterior de su país, Petro ha marcado diferencias radicales con los Estados Unidos y con la mayoría de los gobiernos de occidente al negarse a condenar los ataques terroristas de Hamas, y al declarar que la situación de Gaza, gracias a Israel, es comparable con la de los campos de concentración nazi durante la segunda guerra mundial.
Doce de los excancilleres que Colombia ha tenido en los últimos 32 años afirmaron en un comunicado que “esos mensajes se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por el derecho internacional y el multilateralismo”, y señalaron que “su contenido y alcance alejan las posibilidades de lograr una política de consenso en los asuntos internacionales y debilitan la institucionalidad de nuestra diplomacia”.
La embajadora Débora Lipsdat, enviada especial de Estados Unidos para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo rechazó enérgicamente las declaraciones de Petro y le pidió que expresara su condena a Hamás por el asesinato de hombres mujeres y niños israelíes. El Consejo Judío Mundial (WJC) con sede en Nueva York considera que las declaraciones del presidente de Colombia son un insulto a los seis millones de víctimas del Holocausto y al pueblo judío. Y un grupo en Telegram que se identifica con Hamas agradece a Petro su solidaridad, y la decisión de expulsar al embajador israelí.
“Si hay que suspender las relacione con Israel las suspendemos, no podemos apoyar genocidios, al presidente de Colombia se le respeta” afirma Petro colocando la controversia en un punto de no retorno. Sin embargo, algunos sectores están preocupadas por los efectos de esta árida confrontación diplomática porque ante la situación planteada, Israel ha decidido suspender las exportaciones militares a este país, de acuerdo con el anuncio hecho por el canciller Eli Cohen. Esas exportaciones militares comprenden armas, aeronaves, vehículos de artillería y repuestos, misiles y equipos de comunicaciones, además de la colaboración en entrenamiento militar y antiterrorismo.
19-12-2023
