Jesús Aboud tiene una licenciatura y maestría en Geofísica y 47 años de experiencia en diferentes áreas de la industria de los hidrocarburos. Trabajó en Petróleos de Venezuela, S.A y para otras empresas privadas en Venezuela, Colombia y Canadá, donde acumuló experticia en exploración, producción, mercadeo y operaciones de petróleo y gas. Actualmente se dedica a la consultoría en materia de evaluación de oportunidades en exploración y explotación de hidrocarburos.
La magnitud de los recursos de hidrocarburos de Venezuela ha sido utilizada en numerosas ocasiones como herramienta política por uno y otro lado, sin embargo, todos sabemos que ellos tienen valor en la medida que con un esfuerzo técnico y financiero puedan materializarse en riqueza. Venezuela reporta reservas en el orden de los 300 millardos de barriles de petróleo y 200 teras de pies cúbicos (billones de pies cúbicos) de gas, lo que, comparado con la producción de los últimos tiempos, claramente indica lo poco que se aprovecha ese potencial en beneficio de la economía del país y de sus ciudadanos.
La historia de la producción petrolera de Venezuela muestra dos máximos que ocurrieron en los años 1970 y 2008; el primero como producto del esfuerzo de las concesionarias, antes del proceso de nacionalización, y el segundo como consecuencia del proceso de apertura iniciado en 1992. En ambos casos, esos picos estuvieron precedidos por años de inversión sostenida, y la del 2008, apalancada por los descubrimientos y desarrollos de los campos del Norte de Monagas y el desarrollo de los proyectos de la Faja.
Los campos venezolanos de crudos livianos y medianos han estado sujeto a explotación por casi cien años, pero sus niveles de reservas remanentes y condiciones técnicas aun permiten alcanzar niveles de producción significativos y de un valor comercial atractivo. En cuanto a los crudos pesados, sus inmensos recursos, bajos niveles de agotamiento y la implantación de nuevas tecnologías, brindan la oportunidad de reactivación de campos y emprender nuevos desarrollos. En relación con el gas natural, Venezuela también ofrece excelentes oportunidades, tanto en las asociadas a la explotación conjunta con el petróleo, como la dedicada al gas no-asociado.
La actividad exploratoria en tierra firme aún tiene un potencial a pesar de la larga historia de actividad en el país, pero es en costa afuera donde aún existe mucho por hacer en ese particular. Se podría cuestionar la exploración ante las vastas reservas del país, que parecen ser inagotables dentro de la ventana de aprovechamiento que aún tienen los hidrocarburos como fuente energética, sin embargo, su objetivo es el de reemplazar las reservas de bajo atractivo por otras que ofrezcan mejor retorno económico.
La recuperación del país es el deseo de todos, pero sin crecimiento económico nada podrá ser posible, y los hidrocarburos ofrecen la mejor oportunidad para lograr ese objetivo. Sin embargo, el aprovechamiento de ese potencial solo será posible con un cambio de modelo, que incluya un nuevo marco legal, una actualización del marco fiscal y políticas que atraigan la inversión por parte de los privados o terceros. No pareciera ser necesario explicar que el Estado no tiene las posibilidades de financiar el costo de las inversiones requeridas para la reactivación de la industria, incluyendo las actividades aguas abajo de la exploración y producción.
De manera que la industria de los hidrocarburos es la mejor palanca para una rápida recuperación económica del país. Sobre todo, ante las circunstancias internacionales relacionadas con los altos precios del petróleo y del gas, y la necesidad de autosuficiencia energética del mundo occidental, donde Venezuela tiene ventajas comparativas para la comercialización de su producción.
En Venezuela ha imperado el modelo de una sociedad sostenida por un Estado supuestamente rico. Un Estado que tiene el rol de empresario en el negocio de los hidrocarburos pero que se encontró sin los recursos para mantener la producción, y mucho menos para crecerla. Ese modelo claramente ya no es viable. El mismo se agotó y no tiene posibilidad alguna de éxito en el futuro.
Pareciera que se ha entendido la necesidad de un cambio en la política petrolera. De allí los esfuerzos en implantar nuevos modelos de contrataciones, como los Acuerdos de Servicios Productivos. Pero los resultados de ese esfuerzo están indicando que esas iniciativas no son suficientes. Para lograr lo fundamental, lo cual es atraer inversión privada, será necesario ceder los derechos de explotación del subsuelo y el control del negocio por parte de los que exponen el capital; además de garantizar seguridad jurídica y brindar la posibilidad de un retorno de la inversión. En cuanto a esto último, la mayor parte de los campos venezolanos no son viables bajo el marco fiscal vigente.
Una correcta política de los hidrocarburos debe apuntar a un Estado con estándares de excelencia en la regulación de la actividad, en la protección del ambiente y en la recaudación de impuestos y regalías. El objetivo principal de esa política debe ser una justa y debida participación fiscal, la cual, curiosamente, ha decrecido considerablemente desde los tiempos de la nacionalización.
Las acciones para lograr el objetivo de una industria moderna, eficiente y generadora de valor comienzan con la promulgación de nuevas leyes y reglamentos para los hidrocarburos y la energía en general. Dentro de ese nuevo marco legal debe incluirse un nuevo marco fiscal, que sea progresivo, que permita una justa participación del Estado según el rendimiento económico de la actividad, pero que también sea flexible y permita la viabilidad de los proyectos en situaciones de bajos precios. Esto puede lograrse con una regalía variable en función del precio, tal como lo demuestran simulaciones económicas de campos venezolanos.
Una vez se tengan los nuevos marcos legales y fiscales, se deben implantar las siguientes estrategias:
- i) Migración de los actuales contratos de las empresas mixtas, en los casos que corresponda, para adecuarse a nuevos términos y condiciones, incluyendo la posibilidad de incrementar su participación accionaria, a un costo a determinarse con base al nuevo marco fiscal. Para entender el impacto de esta tarea, basta saber que las empresas mixtas están presentes en activos cuyas reservas amontan a 130 millardos de barriles (42% del total del país).
- ii) Licitación de todas las áreas que no estén asignadas a ningún operador para su exploración y eventual explotación. Esto incluiría las pocas áreas libres en tierra firme con prospectividad y la totalidad de la plataforma continental aún no otorgada. En estos contratos el riesgo exploratorio debe estar enteramente del lado del tercero, a quien se le debe otorgar el derecho de explotación de todo hidrocarburo a descubrir, sin distinción entre gas asociado y no asociado. La participación del Estado en el desarrollo de eventuales descubrimientos debe ser opcional y minoritaria.
iii) Licitación de una parte de las áreas o campos actualmente bajo el esfuerzo propio de PDVSA, con el objeto de establecer asociaciones donde el tercero pudiera poseer la mayoría accionaria y PDVSA retenga cierta forma de acción dorada en los casos que se considere sea necesario. Con esto PDVSA continuaría siendo un actor en la operación, compitiendo con el resto de los operadores, y podría tener acceso al financiamiento de sus alícuotas de los programas de inversión que se requerirán para el desarrollo y explotación de esos campos.
El diseño e implantación de estas estrategias es tarea del ministerio de la competencia y de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos (AVH), la cual debe crearse con la nueva ley. Esta agencia es una necesidad para separar los roles de regulador y operador y es común en todos los países con legislación avanzada en la materia. Con ella se administran los derechos de explotación en una industria donde la operadora del Estado no es la hegemónica y controlante de todos los aspectos de la operación y del negocio.
Estas estrategias podrían generar ingentes ingresos al Estado en un corto plazo. Basta con imaginarnos lo que podría recabarse en forma de bonos con la cesión de acciones en los activos de las empresas mixtas y los que podrían provenir del esfuerzo propio. Y justamente ese es uno de los retos de esta propuesta, diseñar una metodología para determinar el valor de los activos que sea justa para ambas partes y, sobre todo, que se aplique abierta y transparentemente.
En este particular es apropiado señalar que la maximización del valor de los derechos de explotación a otorgar por el Estado se garantiza con procesos de licitaciones, donde los oferentes compitan en igualdades de condiciones y establezcan el valor que ellos consideren para sus intereses y según las realidades económicas del negocio. La estrategia con las empresas mixtas debe ser negociar la participación adicional con los actuales socios, pero si esta no rindiera un acuerdo satisfactorio para ambas partes, recurrir a la licitación de esa participación adicional.
