JULIO CÉSAR MORENO LEÓN

 

A pocos días de las elecciones presidenciales, y a pesar de las amenazas, las detenciones ilegales y el ventajismo del gobierno, la seguridad en la victoria opositora y la decisión inquebrantable de defenderla están sembradas de manera inconmovible en la conciencia colectiva.

Después de un cuarto de siglo de régimen chavista el país ha encontrado el camino y el liderazgo en María Corina Machado para reconquistar los permanentes valores de la nación y las legítimas instituciones de la república democrática.

Han pasado cinco lustros desde que Hugo Chávez llegó al poder gracias al agotamiento de un liderazgo civil que después de cuarenta y un años de libertad y democracia no supo renovarse, y en medio de la reprobación colectiva dio paso al proyecto socialista del siglo veintiuno que sembró de pobreza al país, a pesar de haber manejado los más cuantiosos recursos recibidos por gobierno alguno en la historia de América Latina.

Chávez gobernó desde el 2 de febrero de 1999 hasta su muerte, anunciada el 5 de marzo de 2013, y su sucesor Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en Miraflores desde ese año hasta el presente.

En esa larga etapa hemos pasado de la regalona y dispendiosa política económica en la gestión del teniente coronel hasta el actual ciclo madurista que nos ha colocado en el rango de los países más pobres del planeta, con la segunda crisis de desplazamiento externo más grande del mundo, de acuerdo con las cifras de ACNUR.

Durante este prolongado proceso, en la medida en que fueron menguando los recursos generados por el auge petrolero, y por lo tanto se agotaban los millonarios ingresos que habían permitido costear el populismo interno y los planes de control político-ideológico del Foro de Sao Paulo, el desgaste en la popularidad del régimen chavista se fue acrecentando. Posteriormente, el deterioro de la salud de Chávez, su muerte y la escogencia de su sucesor dejarían sin liderazgo a un proyecto que ya venía en franca decadencia.

Veamos cómo en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 Chávez derrotó ampliamente al candidato de la oposición Henrique Capriles con el 55% de los votos emitidos, mientras que Capriles luego de un encomiable esfuerzo logra un 44.3%. Pero, tan sólo cuatro meses después de esa, su última batalla electoral, se anuncia desde La Habana la muerte del presidente, por lo que de acuerdo con lo establecido en la Constitución se realizan nuevas elecciones presidenciales el domingo 9 de marzo de 2013.

El candidato del oficialismo Nicolás Maduro, a quien el comandante había proclamado como su sucesor en una dramática declaración pública, obtuvo en esa reñida votación, el 50.61 % de los sufragios, y Capriles candidato de la MUD, el 49. 12 %.

De esa manera, en su primera confrontación por la presidencia de la república, el flamante sucesor veía cómo en sus manos el oficialismo perdía más de 600 mil votos en relación con los obtenidos hacía apenas 4 meses por su fallecido líder supremo. Mientras que Capriles, quien repetía como aspirante opositor, aumentaba más de 870 mil votos en comparación con los recibidos en esa misma elección presidencial en la que confrontó con Chávez.

El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia cerraron filas para impedir el análisis de las impugnaciones presentadas por la oposición en torno de “al menos 3 500 irregularidades durante el proceso de votación”, y en especial en relación con la revisión de los cuadernos de votación, argumentando que ese tipo de auditoría no estaba prevista en el ordenamiento jurídico. por tratarse del sacrosanto “proceso automatizado”.

La oposición llamó a los ciudadanos a manifestar pacíficamente con cacerolazos realizados en todo el país. El gobierno respondió con acciones agresivas practicadas por colectivos motorizados, por los cuerpos policiales y por efectivos de la guardia nacional. El resultado de estas protestas fue de 13 muertos, entre los cuales se encontraban dos menores de edad, de acuerdo con informes dados a conocer por el Observatorio Venezolano de la Violencia. Y por supuesto, se practicaron detenciones arbitrarias de ciudadanos que fueron sometidos a torturas físicas y a tratos denigrantes.

De esa manera Maduro es proclamado presidente por el CNE, en medio de una crispada y dividida sociedad venezolana en la que la mitad de los electores se consideró despojada de sus derechos y resultó convencida de que se le había arrebatado la victoria a su candidato presidencial.

Tres años después de esta cuestionada elección, en diciembre de 2015 se realizan las votaciones para escoger los diputados de la Asamblea Nacional, y en estas elecciones se evidencia de manera aún más clara la condición minoritaria del régimen sacudido por la crisis económica que sus políticas produce, y por su mentalidad represiva para responder a las necesidades de la población.

Algunos medios consideran como “amplia e histórica” la victoria de la oposición. Ciertamente es histórica, porque es la primera vez en 16 años de gobiernos chavistas que la oposición gana la mayoría en la Asamblea Nacional. Y es amplia la victoria puesto que de los 167 diputados electos por las entidades federales y por la representación indígena 109 diputados quedan en manos de la MUD, 3 diputados en las comunidades indígenas y solo 55 en manos del oficialismo.

Ante la aplastante derrota, Maduro acepta los resultados, no sin dejar de considerarlos como “una bofetada para despertar ante lo que nos toca hacer en el futuro”. Y efectivamente ese futuro no estaba tan lejano porque pocos días después Jorge Rodríguez anuncia que ha reunido “testimonios y evidencias de irregularidades que vician de nulidad los efectos de la elección, específicamente en el Estado Amazonas”. Prontamente el Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la impugnación presentada contra las elecciones de todos los circuitos de ese estado, suspendiendo la elección de los tres parlamentarios electos por la oposición y la del diputado del PSUV.

De esa manera, desechando el mandato ciudadano expresado en los sufragios el gobierno arrebataba a la oposición los dos tercios de la Asamblea Nacional que le facultaba para ejercer efectivos mecanismos de control del poder ejecutivo, y convocar de acuerdo con el artículo 348 de la constitución, una Asamblea Constituyente destinada a relegitimar las instituciones y redactar una nueva carta magna en el caso de profundizarse la crisis económica y social que marchaba indetenible. En respuesta, la Asamblea Nacional juramenta a los tres parlamentarios indígenas rechazando la decisión de la Sala Constitucional y considerándola “un golpe judicial” . De esa manera se inicia un grave enfrentamiento de poderes. La Asamblea es considerada en desacato, y tanto la elección de su junta directiva como todas sus decisiones son declaradas nulas.

El 25 de octubre de 2016 la Asamblea aprueba el inicio de juicio político contra el presidente Maduro alegando que ha quebrantado el orden constitucional agudizando la grave crisis que vive el país. Grupos violentos identificados con el oficialismo responden irrumpiendo en actitud violenta en la sala de sesiones del parlamento.

Y el 5 de julio de 2017, cuando los parlamentarios celebraban los 206 años de la independencia y se disponían a aprobar luego la convocatoria de un referéndum para consultar a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no con el anuncio del presidente de convocar a una Asamblea Constituyente, exaltados partidarios del gobierno, armados de cohetones, cuchillos, armas de fuego y objetos contundentes se dieron a la tarea de golpear a los diputados de la oposición a periodistas y a empleados de la Asamblea. Esta agresión dejó como saldo varios heridos. Entre ellos los diputados Américo De Grazia, Armando Armas, Juan Guaidó, Luis Padilla, Nora Bracho y José Regnault. Además, sufrieron heridas nueve empleados de la Asamblea y varios periodistas.

Dichos ataques contra los parlamentarios de oposición realizados en la Asamblea electa el 2015 repetían acciones similares a las ocurridas el 30 de abril de 2013 en la Asamblea controlada por el oficialismo y presidida por Diosdado Cabello. En esa ocasión Cabello decidió negar el derecho de palabra a los diputados opositores, por desconocer estos la reciente elección presidencial de Nicolás Maduro debido a irregularidades que a juicio del comando del candidato de la MUD alteraban el verdadero resultado de esos comicios.

Aquella sesión terminó en una verdadera asonada contra los parlamentarios opositores resultando heridos Julio Borges, María Corina Machado, Américo De Grazia, Ismael García, Nora Bracho, Homero Ruiz, y Eduardo Gómez Sigala. A María Corina Machado le desviaron el tabique nasal, Julio Borges fue golpeado en el pómulo izquierdo y Américo De Grazia fue hospitalizado al ser golpeado salvajemente y caer por unas escaleras.

En un ambiente de crispación y violencia el primero de mayo de 2017 Maduro anuncia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de enfrentar la grave crisis política económica y social caracterizada por numerosas manifestaciones y protestas que en los últimos tres meses habían dejado un saldo de 113 fallecidos La oposición cuestiona la legalidad de esa convocatoria realizada sin consultar previamente al electorado y sin establecer reglas claras y democráticas.

El propósito del gobierno, según los grupos opositores, fue crear un nuevo instrumento para restringir aún más la acción de la arbitrariamente suspendida Asamblea Nacional y fortalecer el proyecto autoritario trazado por el régimen.

Además, la votación para elegir la Constituyente el 30 de julio se convirtió en una prueba sobre su naturaleza fraudulenta, porque a pesar del informe dado a la opinión pública por Tibisay Lucena afirmando que la participación de votantes fue del 41.53%, Antonio Mugica director de la empresa Smarmatic denunció desde Londres que la diferencia entre los datos anunciados al público por el CNE y lo que en realidad determina el sistema es “por lo menos de un millón de votos”. Y señaló en conferencia de prensa “creemos que la data para la elección fue manipulada”.

A pesar de no haber cumplido el objetivo fundamental de aprobar una nueva Constitución anunciada por Maduro, durante sus tres años de duración la Constituyente sirvió para perseguir y allanar la inmunidad parlamentaria de más de veinte diputados de oposición a los que se les acusó de haber participado en una fallida conspiración en la que aparecían también implicados el ministro de la Defensa y el entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras figuras del gobierno, y sirvió igualmente para aprobar algunas leyes de carácter represivo como la Ley Contra el Odio, y para suplantar de hecho a la legítima Asamblea Nacional de 2015.

Asimismo es importante destacar que la Constituyente designada en los términos elaborados por la cúpula del régimen permitió el cierre de las salidas democráticas y fortaleció la línea autoritaria para mantenerse en el poder, separando aceleradamente a Venezuela de la comunidad democrática internacional. Y en efecto cerca de cuarenta países la desconocieron, mientras las dictaduras la apoyaron.

De esa manera gobernando en permanente minoría y manipulando a las instituciones, Maduro se ha cuidado de impedir todas las vías democráticas diseñadas para facilitar cambios políticos por la vía pacífica, como es el caso del referéndum revocatorio de su mandato suspendido a finales de 2016. Y luego del adelantamiento de las elecciones presidenciales de 2018 la radicalización ha sido cada día más fuerte, aliándose con países abiertamente enemigos de occidente, rompiendo con los antiguos compañeros y socios ideológicos del Foro de Sao Paulo, y separándose de manera probablemente irreversible del gobierno socialista de Chile.

Con este escenario en el que se desarrolla la política nacional ante las muy próximas elecciones presidenciales, toda Venezuela, así como el resto de los países amigos, especialmente los más cercanos a nuestras fronteras están pendientes del complejo proceso que aquí transcurre, tanto por la solidaridad con nuestra causa como por las repercusiones que sobre la región tendrá el final de este conflicto.

Consciente de la dimensión del compromiso, la sociedad venezolana ha despertado con contagiante esperanza en torno a María Corina Machado, acompañándola en forma de multitudes en las que a pesar de las injusticias sufridas la palabra odio está ausente y la esperanza en cambio es el motivo que nutre con fuerza la lucha de millones de compatriotas.

Pocos líderes han conseguido en nuestra patria, y probablemente en el continente, conectarse en palabras tan sencillas y frescas con el alma de las gentes. Y en una época de atropellos y de agravios no le hemos escuchado llamar a la venganza o a la retaliación. La reciben los niños, los hombres y las mujeres en la entrada de los pueblos más humildes y se congregan en las grandes ciudades las más numerosas multitudes de nuestra vida política.

Acompañándola en esa histórica tarea, el candidato de la unidad Edmundo Gonzales Urrutia se dispone a cumplir la jornada más importante de su vida pública. Las grandes mayorías venezolanas lo acompañan seguros de que a partir del próximo domingo se abrirán de nuevo las puertas del progreso, de la justicia y de la libertad, para impedir que las cierren nunca más.