William Santana
La reciente tragedia natural en Venezuela se impuso sobre la profunda crisis humanitaria compleja que ya todos conocemos. No solo las víctimas directas de los terremotos necesitan la ayuda de la comunidad internacional, sino también el resto de la población que continúa pasando penurias por la falta de acceso a una alimentación adecuada, de salud, educación y servicios públicos.
Frente a esta situación valoramos la extraordinaria solidaridad liderada por los Estados Unidos, agencias financieras y de auxilio humanitario. Sin embargo, hay un tema que está pendiente referido a los activos congelados que mantienen algunos países producto de la corrupción gubernamental, narcotráfico y lavado de dinero.
En efecto, los activos y fondos venezolanos bloqueados o incautados en el extranjero por tramas de corrupción y narcotráfico superan los U$4.000 millones, según estimaciones de la organización transparencia Venezuela A nivel global, la distribución de estos recursos comprende los siguientes montos: Estados Unidos concentra la mayor parte de los bienes identificados. El Departamento de Justicias han confiscado activos y cuentas por más de $1.000 millones; en Suiza Las autoridades mantienen congelados más de 880 millones de dólares (687 millones de francos suizos) vinculados a investigaciones de blanqueo de capitales y personas políticamente expuestas y en la Unión Europea y otros países: existen por lo menos 719 bienes bloqueados en 21 naciones, que incluyen cuentas bancarias, inmuebles de lujo y aeronaves, producto de esquemas de corrupción como el desfalco a PDVSA.
Ahora bien, consideramos que es necesario y urgente volver a visibilizar el tema ya que existe una profunda justificación ética, humanitaria y legal para devolver los fondos incautados por corrupción y narcotráfico al pueblo venezolano, sustentada tanto en convenios internacionales como en iniciativas legislativas recientes. La comunidad internacional y diversas organizaciones civiles argumentan que estos recursos no pertenecen a los gobiernos, sino a los ciudadanos que sufrieron las consecuencias de su criminal desvío.
La base jurídica para el retorno de estos recursos se fundamenta en principios globales de justicia restaurativa como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual estipula explícitamente que la restitución de activos es un principio fundamental. Los Estados que confiscan dinero ilícito tienen la responsabilidad moral y legal de repatriarlo para beneficiar a las sociedades perjudicadas. Igualmente, los Principios del Foro Global sobre Recuperación de Activos que establecen directrices para garantizar que los fondos robados se transfieran de manera transparente y sirvan para reparar el daño social e institucional causado por la gran corrupción, en este caso una de las mayores conocida en tiempos recientes como ha sido la del chavismo.
Varios países receptores de estos fondos han avanzado en la creación de leyes para facilitar su devolución. Por ejemplo, la Ley PANA en Estados Unidos (Preserving Accountability for National Assets) busca crear el Fondo de Restauración de Venezuela. Este mecanismo legal permitiría que los fondos decomisados en procesos judiciales de EE. UU. se resguarden y se dirijan específicamente a la asistencia humanitaria y la reconstrucción democrática, impidiendo que sean absorbidos por otros acreedores.
En cuanto a la Unión Europea no existe una fecha prevista ni un cronograma oficial para la devolución de los fondos venezolanos decomisados, pero se han iniciado los primeros mecanismos legales y solicitudes formales para intentar canalizarlos. La Directiva Europea 2024/1260 es la vía legal que faculta a los Estados miembros de la UE a confiscar de forma definitiva los bienes congelados procedentes del crimen organizado o la corrupción cuyo origen lícito no pueda demostrarse, a la vez que abre la puerta jurídica para que los bienes incautados puedan reutilizarse con fines sociales y de justicia restaurativa.
En esta última posibilidad debemos reconocer la valiosa y dedicada labor que adelanta la Doctora venezolana Soranib Hernández de Defendini en España y a través de las instancias de la Unión Europea. Su gestión debe ser ejemplo para otras iniciativas de este tipo ahora más necesarias que nunca.
Por supuesto que frente a las solicitudes que se realicen se plantean grandes desafíos, entre ellos el mecanismo de entrega, ya que el debate principal no gira en torno a si se deben devolver, sino a cómo hacerlo de forma segura. El mayor reto consiste en diseñar canales de distribución que cuenten con auditorías independientes y estrictos controles de transparencia. Esto busca asegurar de manera absoluta que los fondos regresen al pueblo y no terminen desviados nuevamente por redes de corrupción.
Confiamos en que se active uno de los mecanismos de justicia restaurativa al expoliado pueblo venezolano ya que la capacidad y la voluntad de quienes han confiscado los capitales debe entrar en acción como un deber moral, legal y ejemplarizante frente los gobiernos dictatoriales y corruptos del mundo.
WILLIAM SANTANA: Internacionalista, especialista en relaciones internacionales contemporáneas y desarme, fue diplomático de carrera en Holanda, Haiti, Colombia y en la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra-Suiza. Secretario Ejecutivo del Foro Venezolano de Politica Exterior. Escritor y articulista.
