César Pérez Vivas
César Alejandro Pérez Vivas es un político, abogado y docente venezolano. Es dirigente del partido socialcristiano Copei. Fue diputado al Congreso de la República entre 1988 y 1998 y de la Asamblea Nacional entre 2000 y 2005. Fue Gobernador del Estado Táchira desde 2008 hasta 2012.
Venezuela vive un proceso de descomposición como república moderna. La república, como la entendemos desde nuestra perspectiva humanista y cristiana, es democrática, transparente y eficaz, o no es república. Cada día, lamentablemente, lo somos menos. Cada día el Estado de derecho pierde mayor vigencia, a cada momento mayores espacios de nuestro territorio son destruidos y/o controlados por cuerpos policiales y militares al margen de los principios éticos y legales que les marcan un deber ser. También hay presencia de cuerpos paramilitares (guerrillas y bandas criminales) que actúan con protección abierta o encubierta de quienes detentan el poder.
A esa presencia de la barbarie entronizada en el gobierno, debemos agregar el saqueo generalizado al aparato económico del Estado y del resto de la sociedad, generador de una pobreza sin precedentes en el último siglo de vida venezolana. Esa tragedia es la causa de la estampida humana más grande de toda nuestra historia, la más voluminosa e impactante de nuestro continente y una de las más importantes del planeta. La pérdida de la república se nota más ostensiblemente en las fronteras de nuestro país. Todos los males anteriormente descritos son más evidentes y grotescos en cada una de nuestras fronteras marítimas y terrestres.
Por eso titulo este trabajo con la frase Frontera Opaca. Quizás la expresión no describa globalmente lo que en aquellos espacios ocurre. Pero trato de examinar un escenario que no es luminoso, ni transparente, tanto en el plano sociológico como en el geográfico, así como tampoco en el físico y ambiental.
Las fronteras han sido abandonadas por la gestión de Nicolás Maduro. Alguien podría replicarme e interpelarme: ¿Solo las fronteras han sido abandonadas por Maduro? Efectivamente, no solo las fronteras han sufrido el cáncer de la incapacidad y la indiferencia. Pero en este trabajo me refiero muy en concreto a los espacios limítrofes.
Comenzaremos por la frontera marítima. Maduro abandonó el estudio y seguimiento de los derechos venezolanos sobre el Golfo de Venezuela. Más nunca se volvió a estudiar y trabajar una materia de especial trascendencia como esta, no solo por sus implicaciones geoestratégicas, sino por sus consecuencias en el plano económico.
Hoy constatamos el cierre de la frontera marítima con las islas vecinas del Caribe, así como la falta de una política de vinculación y cooperación para ofrecerle oportunidades a nuestra economía y a nuestros ciudadanos. La primacía de la ideologización ha desplazado la defensa de los intereses y derechos de los venezolanos en nuestra fachada norte, dejando de lado temas como la seguridad y el aprovechamiento de los activos ambientales, turísticos y alimenticios allí establecidos.
Dramática es la situación en el costado nororiental, fronterizo con Trinidad y Tobago, donde la trata de personas, la migración masiva de ciudadanos arriesgando sus vidas en el mar, y el aprovechamiento desmedido de los recursos pesqueros, ha causado innumerables daños humanos y materiales. La corrupción de los funcionarios, el tráfico de drogas, minerales y otros activos son parte de una cotidianidad a la que deben someterse los ciudadanos de esos pueblos.
Las fronteras terrestres son tierra de nadie. La destrucción de la frontera sur, derivada de la explotación despiadada de los recursos forestales y mineros, ha permitido el establecimiento de campamentos inhumanos donde la esclavitud, la explotación y el riesgo de la vida de las personas, son una constante. Allí también la república ha desaparecido. Importantes espacios de nuestro territorio están bajo el control de bandas criminales con la mirada complaciente de quienes deberían estar allí para hacer respetar la constitución y garantizar los activos ambientales de nuestro país, la vigencia plena de los derechos humanos y el control sobre la circulación de bienes y personas, en áreas protegidas legalmente, pero entregadas deliberadamente para la depredación.
La frontera sur oriental más abandonada no puede estar, sobre todo en los límites con nuestros históricos territorios en reclamación de la Guayana Esequiba. Es así como Nicolás Maduro y su camarilla han hecho dejación absoluta de sus obligaciones para defender ese territorio, hasta el punto que como canciller del extinto comandante Hugo Chávez o como presidente en funciones, abandonaron los procesos y trabajos fijados en el Acuerdo de Ginebra hasta el punto de encontrarnos en los actuales momentos ante una situación jurídica, en el Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya, absolutamente desfavorable a la legítima e histórica reclamación de un extenso territorio que nos pertenece. Tal dejación de sus deberes se produce por la sumisión de los jerarcas rojos a los dictados de la dictadura cubana, que en esta reclamación ha mantenido una postura contraria a los intereses de nuestro país. En Maduro puede más su alienación político–ideológica con el castro comunismo, que la defensa de nuestros derechos históricos. De esta forma se pierde soberanía y república.
La situación no es menos dramática en la frontera occidental, la que nos corresponde con Colombia. Son 2.219 kilómetros de frontera compartida con la hermana nación. Desde Castilletes hasta La Piedra del Cocuy. Los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas tienen extensos espacios fronterizos, hoy dominados por los grupos disidentes de la guerrilla colombiana, que han convertido nuestro territorio en su aliviadero, con la aprobación pública de Nicolás Maduro, que ha expresado en cadena de radio y TV que: “las FARC son bienvenidas en Venezuela”. A ello debemos agregar la instalación en nuestro territorio del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyos integrantes hacen presencia en diversos estados de nuestro país.
Son tan bienvenidas las FARC y el ELN, que hasta las confrontaciones internas de ambos grupos o las inter bandos, se desarrollan en nuestro territorio. El Alto Apure ha sido escenario de la cruenta guerra entre dos facciones en pugna de las disidencias de las FARC; por una parte la llamada “Segunda Marquetalia” comandada por Iván Márquez y Jesús Santrich, y por la otra el grupo de Gentil Duarte. También existen registros de enfrentamientos armados de ambos grupos con las guerrillas del ELN. Una guerra por el control del territorio para poder actuar a sus anchas en sus oscuros negocios de tráfico de drogas, minerales, combustibles, ganado y otros bienes. En esa guerra han muerto, en territorio venezolano, varios de los principales comandantes de esos grupos criminales, a saber: Hernán Darío Velásquez (alias El Paisa), Jesús Santrich, Henry Castellanos (alias Romaña), y Gentil Duarte.
Esa guerra evidencia claramente la pérdida de nuestra soberanía a manos de estos grupos armados al margen de la ley, lo cual es parte dolorosa del desmoronamiento de la república. Situación más grave aún, si observamos el oscuro comportamiento de nuestra fuerza armada, que permite la presencia y accionar de todos esos grupos.
Esa guerra ha sembrado de muerte y terror toda nuestra frontera con Colombia; solo el enfrentamiento celebrado el 21 de marzo de 2021 en la población de La Victoria, Municipio Páez del Estado Apure, dejó un saldo de 29 personas muertas entre guerrilleros y militares venezolanos que hicieron presencia para favorecer a la “segunda marquetalia”, así como 5.000 civiles desplazados.
Estos grupos son la ley en las zonas ocupadas. Al sur del Táchira y en el Alto Apure los grupos de la guerrilla son la autoridad sobre nuestro territorio. Ellos actúan como órgano judicial y de policía. También como entes cobradores de tasas e impuestos. Comerciante, productores o transeúntes en sus territorios deben pagar “su colaboración” si desean tener un desenvolvimiento pacifico en sus actividades. Los habitantes de esos apartados espacios deben acudir a esos comandos cuando se les presentan conflictos de orden familiar, vecinal, comercial o de otra naturaleza. Son ellos los que deciden quién tiene la razón y cómo debe resolverse el impase, hasta el punto de establecer la pena de muerte para quienes no acaten sus dictámenes. Por supuesto en esos territorios la república tampoco existe.
El drama de la descomposición fronteriza se vive con crudeza en la frontera viva. Es decir en los pasos fronterizos formales o informales de mayor densidad poblacional, como los de Paraguachón en el Zulia, los de Boca del Grita, Ureña, San Antonio y Delicias en Táchira, y el de El Amparo en Apure. En los mismos están presentes los cuerpos de seguridad del estado venezolano, y de forma paralela los grupos guerrilleros. En los puentes están “las autoridades”, en las trochas, ubicadas a pocos metros de los mismos, están los puestos de la guerrilla. Todos cobran por el paso de mercancías y personas. En las ciudades fronterizas, como San Antonio, Ureña o El Amparo, todos los establecimientos comerciales o los pocos industriales que quedan están obligados a entregar “una colaboración” a todos los organismos de seguridad, a la guerrilla y últimamente, hasta la banda criminal conocida como “el tren de Aragua”, solicita su parte en los establecimientos comerciales.
En estas poblaciones fronterizas el derecho al trabajo, la libertad personal, la propiedad, la inviolabilidad del domicilio, el debido proceso, el libre tránsito, todos consagrados en la vigente constitución nacional, son letra muerta. Allí solo rige la voluntad del funcionario que porta las armas. Cuando ellos deciden cierran negocios, el transito, se priva de la libertad a ciudadanos, se les confiscan bienes, se solicita dinero y otras tropelías. Los ciudadanos viven bajo ese terror. Nadie se atreve a denunciar. Les informan a personas como quien esto escribe con el compromiso de comunicar el milagro, pero no el santo.
La concepción de quienes ejercen el poder es que los funcionarios públicos en frontera están castigados. Allá se va como sanción. Se trata de una región que no es parte de nuestro país. De esa idea era Hugo Chávez. Recuerdo aún su discurso el 08 de Julio del 2010, cuando para rechazar la elevación a la dignidad de Cardenal y Arzobispo de Caracas de su eminencia, ya fallecido, Jorge Urosa Sabino, expresó que esa designación ha debido recaer sobre Monseñor Mario Moronta, Obispo de la diócesis de San Cristóbal. Entonces Chávez expresó: …. A Moronta lo tienen castigado y en el exilio….” Bajo ese criterio servir en una zona de frontera es un castigo, pero es más, esa región la consideró otro país. Por supuesto que el Obispo Moronta le respondió de forma clara y contundente: “…servir en esta zona del país no constituye un castigo ni un exilio sino una importante misión y animó a todos los pobladores de esta región a trabajar para seguir demostrando que es «una tierra de promisión y de futuro, donde nace la gran Venezuela».
Como puede apreciarse, el Socialismo del Siglo XXI convirtió a nuestras fronteras en territorios abandonados a manos de bandas criminales, funcionarios corrompidos o castigados, refugio de guerrilleros, centros de extracción de recursos biológicos y mineros, epicentro de violencia y muerte. Allí, en nuestras fronteras, la república es una quimera.
Ese cuadro triste y desolador nos debe tocar la conciencia, y en consecuencia, acerar nuestro espíritu perseverando en la lucha para rescatar la república, instaurar la democracia y proceder a la reconstrucción espiritual y material del país.
Sin duda es un reto más, entre muchos, que tiene toda la oposición venezolana.
