JULIO CÉSAR MORENO LEÓN
Al cumplirse año y medio de su gobierno y finalizar el 2023, las principales encuestas de opinión de Colombia continúan reflejando el desplome del presidente Gustavo Petro en sus niveles de aceptación popular. Las últimas mediciones publicadas el pasado mes de diciembre señalan que la desaprobación del presidente es del 66% y el respaldo es de apenas el 26%.
Su intransigencia ante el menor asomo de discrepancia le impidió utilizar el apoyo de los partidos políticos tradicionales que le adversaron en la campaña electoral y que luego pasaron a ser partidos de gobierno en una coalición que ofrecía viabilizar en el Congreso los proyectos legislativos del nuevo régimen.
Finalizada esa efímera coalición, luego de lograr el 4 de noviembre de 2022 la aprobación de la mal llamada ley de Paz Total, las otras reformas prometidas, como las de las áreas de salud, trabajo y pensiones, han sido detenidas en el Parlamento en medio de una cada vez más creciente pugnacidad.
Y para diciembre de 2023, según la encuestadora Invamer, el 87 % de la ciudadanía considera que la inseguridad es cada vez mayor, el 80% estima que la economía se deteriora y el 57% que las relaciones internacionales del país se conducen mal. La legalización de la marihuana tiene el rechazo del 63%, mientras el 78% es contrario a la legalización y al consumo de las drogas en general y el 61% desaprueba la política del gobierno de suspender la exploración del petróleo y el gas.
En relación con la que se considera una de las políticas centrales de Petro destinada a lograr la legalización de los grupos armados, incluyendo a los traficantes de droga, el ambiente colectivo ha pasado de las positivas aspiraciones iniciales a un pesimismo que se fundamenta en la ausencia de resultados positivos, en la continuación de la violencia por parte de esos grupos, y en la tolerancia del gobierno frente a los crímenes que el narcoterrorismo sigue cometiendo contra la fuerza pública y la población civil.
Vista esa lamentable realidad, en las consultas de opinión el 74% de los encuestados estima que las negociaciones con las guerrillas han sido un fracaso y que ni el gobierno ni los grupos armados podrán concretar los esperados acuerdos, por lo que la inseguridad de la ciudadanía amenazada por el crimen y el secuestro ha pasado a ser nuevamente una de las principales preocupaciones de los colombianos.
Ante el evidente estancamiento de uno de sus planes más importantes Petro ha destituido al Comisionado de Paz Danilo Rueda, a quien había designado al comenzar su gobierno y en su lugar ha nombrado a su viejo compañero del M-19 Otty Patiño. Sin embargo, al asumir el cargo Patiño ha reconocido que “la paz en lugar de traer mayor seguridad está trayendo mayor inestabilidad y mayor inseguridad”
Por su parte el consultor independiente en mediación y resolución de conflictos Sebastián Zuleta ha declarado recientemente en la revista digital Razón Pública que el año 2024 será la prueba de fuego de la Paz Total, y al comentar la reciente destitución de Danilo Rueda señala que su salida del cargo confirma que este ambicioso plan no va por buen camino por carecer de un horizonte claro. Y señala además que “la ausencia de una estrategia de negociación con grupos armados ilegales, la imposibilidad de crear un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, la pérdida de control territorial del Estado a manos de organizaciones armadas de diversa índole y el aumento en la mayoría de los índices de violencia precipitaron la salida de Rueda”. Según el analista la crisis del plan de pacificación de estos grupos se expresa en un aumento considerable de la violencia en diversas regiones y la expansión del control territorial por las diversas bandas criminales.
Por esos motivos, los sectores opuestos a estas negociaciones consideran que Petro ha permitido a las disidencias de las FARC, al ELN, al Clan del Golfo y a otros grupos narco-terroristas recuperar importantes espacios territoriales en zonas rurales de las que habían sido expulsados por el ejército y la fuerza pública, y ha despojado a los cuerpos de seguridad del control de esos poblados permitiendo a las guerrillas ejercer las tareas de gobierno propias de las autoridades oficiales. Para esos sectores detrás de esta actitud del actual presidente en su trato a la narcoguerrilla está instalada toda una política de solidaridad con el movimiento subversivo colombiano del cual él ha formado parte desde sus tiempos en el M-19.
Poniendo en práctica esa solidaridad con las FARC, en su condición de senador de oposición al gobierno de Iván Duque, lideró en el Congreso las maniobras políticas y judiciales que en julio de 2019 facilitaron la fuga de Jesús Santrich luego de haber reincidido en sus actividades delictivas al negociar el envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Además, durante esos años Petro participó activamente en el blanqueo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de los criminales actos cometidos por la guerrilla contra la población civil, centrando en cambio sus ataques contra las fuerzas armadas y la policía para desdibujarlas de su condición de garantes del sistema democrático y presentarlas como esencialmente una fuerza represiva que violó sistemáticamente los derechos humanos durante el conflicto armado.
En las violentas manifestaciones realizadas el 2021 contra el frustrado proyecto de reforma tributaria del anterior gobierno, con el auxilio financiero del narcotráfico y del Foro de Sao Paulo se provocaron injustificables saqueos y destrucción de numerosos bienes públicos dejando un lamentable saldo de muertos y heridos que opacó la gestión del gobierno de Duque y catapultó la imagen de Gustavo Petro, convirtiéndole en el primer presidente de izquierda comunista en la historia de Colombia.
Para hacer efectiva su prédica contra la institución castrense y la policía colombiana enarbolada durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia de la república, uno de sus primeros actos de gobierno fue el retiro de 70 generales y coroneles del ejército y de la policía, todos ellos en pleno ejercicio de sus funciones, sin haberse agotado sus años de servicio activo, y sin aplicarse los mecanismos formales que sirven de pautas tanto para los nombramientos como para las remociones.
Y en el acto de toma de posesión de la nueva cúpula militar realizada en la Escuela de Cadetes en Bogotá, dijo que los militares deben entender que ahora serán “un ejército de paz” y que su gobierno se disponía a extinguir el conflicto armado mediante negociaciones que incluirían tanto a la guerrilla política como al llamado Clan del Golfo, la banda narcotraficante más poderosa de Colombia.
Ahora, transcurrido año y medio de gestión de gobierno del Pacto Histórico la realidad colombiana presenta inquietantes interrogantes al repercutir directamente sobre la población los efectos desestabilizantes de las políticas del régimen. El resto de los poderes públicos han reaccionado firmemente frente a la pretensión de someterlos a los dictados del Ejecutivo. La calle ha sido recuperada por la disidencia democrática y en las pasadas elecciones regionales y municipales los distintos grupos políticos opositores conquistaron ampliamente la mayoría de gobernaciones y alcaldías. Pero sin embargo, esas victorias lejos de producir la necesaria rectificación de rumbos ha radicalizado a un gobierno que se niega a buscar salidas a la crítica situación que puede tornarse incontrolable.
Además, esa radicalización del gobierno de Petro ha sido llevada al escenario internacional, constituyendo un factor de aislamiento de Colombia que deja de ser baluarte de la democracia latinoamericana y ficha segura del mundo occidental. Preocupado por esa situación el expresidente César Gaviria expresaba recientemente que “el giro de la política exterior, al no condenar los ataques de Hamás a Israel va a hacer un daño en el futuro, y además, puede traernos más adelante sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos y de las organizaciones multilaterales de crédito, lo cual es apenas una hipótesis y no se puede llegar a afirmar con contundencia.” “Por el bien del país muestre al mundo que Colombia defiende el derecho internacional humanitario y que su sistemática violación por Hamás no es algo que nos sea indiferente”, dijo el expresidente.
Unido a esos temas que vienen aconteciendo en una cada vez más confundida y crispada opinión pública, el fenómeno de la corrupción ha gravitado desde los primeros días de este gobierno sobre la cúpula del oficialismo y específicamente sobre el presidente, su familia y colaboradores más cercanos.
Ahora la fiscalía colombiana acaba de acusar formalmente al hijo del presidente, el diputado Nicolás Petro Burgos, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en un proceso penal que tiene origen en las denuncias formuladas el pasado año por su ex esposa Daysuris Vásquez, quien habría asegurado que Nicolás recibió de cuestionables personajes y de exconvictos cerca de mil millones de pesos para la campaña presidencial de su padre y se quedó con ese dinero. De resultar culpable el hijo del presidente podrá ser condenado a 15 años de cárcel.
Por su parte la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes anunció la apertura de una investigación previa en contra del presidente de la República. Esta decisión pudiera ser el primer paso para iniciar un juicio político contra Gustavo Petro luego de haberse evaluado las pruebas que la fiscalía ha presentado en el proceso por lavado de activos que adelanta contra Nicolás Petro, el hijo del mandatario.
Corresponderá a los 18 miembros de la comisión, al final de su investigación, decidir si hay méritos para acusar al presidente ante la Cámara de Representantes e iniciar un juicio político en el que el Senado tendrá la última palabra sobre la permanencia de Petro en el cargo. Es de destacar que el gobierno tiene minoría en esa comisión.
Pero no han sido sólo las iniciativas de la fiscalía general las que señalan al presidente de la república por graves hechos de corrupción y solicitan su enjuiciamiento. El exparlamentario y antiguo miembro del M-19 Carlos Alonso Lucio ha anunciado que radicó una demanda contra Petro con la que intenta adelantar un juicio político que conduzca a su destitución del cargo.
En nombre de “Cívicos”, un movimiento de ciudadanos independientes, le acusa de acciones que van contra la Ley y la Constitución, de irrespetar a las fuerzas militares y de violentar los topes de financiamiento en la campaña electoral. Para Carlos Alonso Lucio el gobierno ha adelantado una estrategia de “milicianización” del país que pone en peligro la soberanía y la integridad territorial de Colombia.
