Milos Alcalay
El relato bíblico reseñado en el Éxodo narra los episodios cuando Moisés y su hermano Aarón enfrentaron al poderoso faraón de Egipto para cumplir el mandato divino de exigir que todo el pueblo de Abraham fuera puesto en libertad. El clamor de los hebreos fue escuchado y produjo el fin de la esclavitud y el cese de las peores violaciones de sus derechos humanos. Al llegar a la Tierra Prometida, los israelitas pudieron rezar en agradecimiento al Todopoderoso por haber roto las cadenas de la dominación y comenzar una nueva vida.
Hoy, en pleno siglo XXI, suena el clamor de millones de venezolanos que piden que, sin más dilaciones, sin cálculos selectivos, sin mentiras y sin trampas, todos los presos políticos sean puestos en libertad.
El terremoto del 24 de junio de 2026 produjo un resultado trágico que se suma al desastre provocado por más de 27 años de tiranía, para evidenciar que nos encontramos ante el colapso de un país que era conocido como “Tierra de Gracia” (y hoy es de desgracia).
Si bien la tragedia de La Guaira y del resto del país nos enluta, dentro y fuera de nuestras fronteras, los faraones de la dominación bolivariana siguen insensibles ante los cientos de presos políticos, civiles y militares, que aún se encuentran injustamente detenidos. ¿Hasta cuándo durará este atropello a la dignidad humana?
Esta edición especial de Encuentro Humanista está dedicada íntegramente a recoger la opinión de algunos de los más destacados defensores de presos políticos, quienes luchan desde hace años para que todos los privados de libertad ilegalmente detenidos puedan regresar a sus hogares para vivir en paz con sus familiares y amigos.
En la nota editorial, Marcos Villasmil define la prisión política en Venezuela como un instrumento de sumisión. Para ello, se remonta a los fundamentos históricos mundiales que originaron la prisión por motivos políticos, recordando la reclusión en los campos de exterminio de Auschwitz, los gulags, o los presos de la Bastilla o de la Torre de Londres, que marcaron páginas de terror ciudadano. Luego se refiere a la especificidad latinoamericana con los regímenes de Pinochet, Videla y tantos ejemplos del drama autoritario con los miles de presos y desaparecidos de esa etapa.
Finalmente, relata los 27 años de institucionalización de la perversa represión contra cautivos eternos en Venezuela, utilizados como “fichas de canje” y agravados por el denominado “efecto puerta giratoria” en el macabro binomio “excarcelación-detención arbitraria”. La conclusión es obvia: sin el restablecimiento del Estado de derecho, los calabozos venezolanos seguirán albergando a víctimas inocentes.
Gonzalo Himiob nos refiere en “Escombros de libertad” el testimonio de las actividades cumplidas por el Foro Penal, y concluye con la penosa constatación de que quienes detentan el poder no toman en cuenta la dignidad de la ciudadanía y se aferran solo a la narrativa de que “ellos son los que mandan”; y lo hacen incumpliendo la moral, la Constitución y sus propias leyes, como en el caso de la Ley de Amnistía, adoptada gracias a la presión del tutor norteamericano pero incumplida por las autoridades interinas al aplicarla de manera parcial e interesada.
Paciano Padrón, fundador del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), destaca los alcances de la dictadura y los presos políticos como un binomio cruel al exponer en su artículo el trabajo de denuncia internacional que ha protagonizado la organización. No deja de resaltar la perspectiva histórica desde el año 1830 para concluir que, durante los 27 años de la dictadura de Chávez, Maduro y Rodríguez, se ha producido el mayor número de presos políticos, desaparecidos y torturados que recoge la historia de Venezuela.
En ese mismo sentido, le pedimos al historiador Walter Márquez que nos relatara episodios de los presos políticos a través de los tiempos, los cuales recoge en su estudio Amnistías, sobreseimientos e indultos en la Venezuela republicana (1811-2026).
Ana Julia Jatar, en una desgarradora entrevista, refiere que no solo sufren los presos políticos, sino que también “la familia queda atrapada en una cárcel sin rejas cuando un ser querido está preso”, y relata en primera persona la angustia que sufrió con la prisión de sus dos hermanos.
El embajador Víctor Rodríguez Cedeño, negociador del Estatuto de Roma durante los gobiernos democráticos, no solo enumera los tratados universales, regionales y nacionales que incumple el régimen, sino que enfoca su artículo en la responsabilidad de los Estados Unidos en relación con las terribles violaciones contra cientos de presos políticos, especialmente después del 3 de enero, y los efectos de la responsabilidad compartida a raíz del terremoto en tiempos de “tutelaje” respecto a los detenidos que esperan libertad.
La embajadora Milagros Betancourt —la otra negociadora del Estatuto de Roma junto a Rodríguez Cedeño— hace un análisis jurídico pormenorizado y claro sobre los logros y retos ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, y en sus conclusiones nos ilustra sobre lo que podemos esperar para Venezuela en nuestras denuncias por violaciones de lesa humanidad. Este tema es de gran actualidad en momentos en que se multiplican las críticas por la actuación errática de los fiscales y jueces de la corte, quienes no han estado a la altura de sus responsabilidades para combatir a los verdaderos autores de crímenes de lesa humanidad. Esa actuación, ciertamente, no refleja el espíritu que animó a los países del mundo cuando diseñaron las bases de la justicia penal internacional.
Venezuela no es el único país con atropellos contra los presos políticos, por lo que hemos querido retratar el drama que viven nuestros hermanos cubanos y nicaragüenses. Para ello, hemos contactado a Tamara Suju, quien desde hace años dirige el Instituto CASLA, reconocido por sus denuncias en instancias internacionales; recogemos aquí uno de sus múltiples comunicados presentados ante la OEA. El comportamiento similar que usan los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela se evidencia en sus informes, ya que repiten los mismos patrones represivos expresados en detenciones arbitrarias y torturas, ignorando los mandatos de los organismos regionales y universales de derechos humanos, como en el caso de Cuba, donde hay 1442 personas detenidas por los sucesos del 11 de julio de 2021.
En relación con Nicaragua, gracias a las gestiones de Macky Arenas, se logró que Encuentro Humanista pudiera publicar el artículo de un destacado político que desde Managua presenta la “Debacle represiva en Nicaragua”. Por razones obvias, el autor prefiere conservar el anonimato, ya que expone la grave situación de los presos políticos en su país al relatar cómo la dupla de Rosario Murillo y Daniel Ortega montó una dinastía más sangrienta y arbitraria que la de la dictadura de Somoza. En su artículo denuncia que en las cárceles clandestinas se encuentran, presumiblemente, entre 1500 y 2000 presos sin procedimiento legal en curso o bajo la caricatura de imputarles que son “traidores a la patria”.
Precisamente para apoyar la lucha por la libertad de los presos políticos en Cuba y en Nicaragua, invitamos a José Manuel Pinto Hurtado, activista de derechos humanos residenciado en Países Bajos desde hace varias décadas, quien ha acompañado a diversas delegaciones de venezolanos que han acudido a la CPI de La Haya para condenar a quienes violan los derechos de los presos políticos y cometen otros crímenes de lesa humanidad. En su análisis, recoge los pros y los contras de la experiencia venezolana y cómo nuestros hermanos de Cuba y Nicaragua podrían beneficiarse del camino a la justicia internacional. Este trabajo se suma a las excelentes recomendaciones recogidas en este número por los articulistas invitados que han intentado lograr que “haya justicia en La Haya”. Los responsables y violadores de los derechos humanos en contra de nuestros presos deben ser juzgados, como lo fueron los criminales en Núremberg y en Tokio hace 80 años.
El panorama del horror que hemos recogido en esta edición representa solo un pequeño recuento de las múltiples denuncias que escuchamos día a día, y que narran el sufrimiento de los presos en Venezuela, pero también en Cuba y en Nicaragua.
El tema es amplio y actual. Los medios de comunicación difunden llamados como los de Andreína Baduel, quien no se cansa de reiterar puntualmente el maltrato que sufren en la cárcel sus dos hermanos presos, quienes, de no ser asistidos, podrían correr la misma suerte escandalosa de su padre, el general Baduel, fallecido en prisión sin asistencia médica.
A su vez, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPVVE) resalta la desaparición de 7 presos políticos y la persistencia de torturas, uso de gas pimienta y privación de agua como represalia contra los detenidos aun después del terremoto. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) continúa sus denuncias ante la Corte Penal Internacional, tal como ha confirmado en sus actuaciones en La Haya el defensor Orlando Viera Blanco.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denuncia los riesgos que enfrentan las personas privadas de libertad tras los terremotos registrados en el país debido al colapso de las infraestructuras carcelarias, la falta de comunicación con los reclusos y la falta de atención a enfermedades graves, lo que suma una situación de extrema vulnerabilidad a la injusticia de las detenciones arbitrarias.
Estos hechos llevaron a que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso norteamericano convocara a una audiencia el pasado 15 de julio para analizar las denuncias de representantes de la sociedad civil sobre la situación de las personas detenidas en Venezuela por razones políticas y, con base en ello, proponer medidas para avanzar hacia la transición democrática. En la sesión bipartidista presidida por los congresistas James McGovern (demócrata) y Chris Smith (republicano), se cuestionó la “estabilidad cosmética” en detrimento de la democracia y la protección de los derechos humanos.
No podemos dejar de señalar la heroica y permanente acción de las madres, esposas, hijos y familiares de los presos políticos que diariamente exigen frente a los centros de reclusión que liberen a sus seres queridos, sin recibir respuesta de un régimen que actúa sordo, ciego y mudo.
Este es el momento de unir todas las voces que exigen la plena libertad de los presos políticos y de atender el llamado de los familiares, las ONG, los periodistas, la Iglesia, los políticos, los rescatistas nacionales e internacionales, e incluso de algunos de los mismos carceleros que se resisten a ser obligados por el régimen perverso a ser verdugos de sus propios compatriotas.
A pesar de la crueldad dictatorial, existe como nunca antes un movimiento lleno de fe y esperanza que intentamos recoger en esta edición de Encuentro Humanista. Es esta solidaridad nacional e internacional la que logrará doblegar la anomalía del terror y contribuirá a que pronto podamos festejar, emocionados y unidos, el momento en que el régimen entienda que debe cumplir el mandato que ya enarboló Moisés hace varios siglos cuando pronunció el llamado: “Dejen a mi pueblo salir en libertad”.
