Walter Márquez – Historiador – Legislador

 

Desde la Declaración de Independencia, el 5 de julio de 1811, hasta la actualidad, durante más de dos siglos, Venezuela ha pasado por etapas de guerras civiles, golpes de Estado, protestas sociales y profundas confrontaciones políticas y bélicas. Entre ellas destacan la Guerra de Independencia, la Guerra Federal, el gobierno de Juan Vicente Gómez, la insurrección guerrillera de la década de 1960 y, especialmente, las últimas tres décadas bajo el mandato del gobierno del Socialismo del Siglo XXI.

Para superar parcialmente estas graves situaciones que han afectado al país, el Congreso de la República (en su época) y la Asamblea Nacional han tenido que aprobar leyes de amnistía. Estas medidas han ido acompañadas de decretos presidenciales, sobreseimientos e indultos. El término amnistía proviene del griego amnestia, que significa olvido o, en términos populares, «borrón y cuenta nueva». Este ha sido un instrumento jurídico y político fundamental en la historia venezolana para superar las crisis sociopolíticas. A menudo, tras guerras civiles, golpes de Estado o crisis institucionales, su aplicación ha reflejado no solo las tensiones del momento, sino también los intentos de pacificación del país a través de la reconciliación nacional.

Para ilustrar mejor la aprobación, utilización e implementación de las leyes de amnistía en el país desde la independencia hasta nuestros días, resumiremos estos instrumentos jurídicos aplicados a lo largo del tiempo republicano.

I. Siglo XIX: Independencia y guerras civiles

Desde los primeros días de la emancipación, posteriores al 19 de abril de 1810, la amnistía se utilizó para intentar cohesionar al país y superar la división de clases y las fracturas políticas generadas por la declaración y la posterior guerra de independencia.

A partir del 5 de julio de 1811, durante la Primera República y tras la insurrección de Valencia en julio de ese mismo año contra el nuevo gobierno republicano, el Congreso Constituyente aprobó una amnistía para los involucrados en los enfrentamientos que no hubieran cometido crímenes atroces.

Luego de que el Libertador Simón Bolívar decretara la Guerra a Muerte en junio de 1813, y de que los españoles la practicaran con igual crueldad, en 1820 se iniciaron conversaciones de paz en San Cristóbal. Estas concluyeron con el Armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra, suscritos entre el Libertador Simón Bolívar, en nombre de la República de Colombia, y el general español Pablo Morillo, en Santa Ana de Trujillo, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 1820. Este acuerdo incluyó el intercambio y el respeto a la vida de los prisioneros, sepultura para los fallecidos, atención a los heridos y una suspensión de hostilidades por seis meses.

En 1827, tras la crisis generada por José Antonio Páez y Francisco de Paula Santander —movimiento conocido como La Cosiata, que fue el primer intento separatista de Venezuela de la Gran Colombia (creada por el Congreso de Cúcuta en 1821)—, el Libertador Simón Bolívar decretó una amnistía general para los involucrados, incluyendo a Páez, buscando evitar la desintegración de la unión.

Después de la separación de Venezuela en 1830, y tras el derrocamiento del primer presidente civil, José María Vargas, mediante la Revolución de las Reformas en 1835, el Congreso de la República promulgó una ley de amnistía impulsada por el vicepresidente Carlos Soublette.

Al profundizarse los conflictos heredados de la época colonial que la independencia no resolvió, estalló la Guerra Federal, una de las más sangrientas del siglo XIX, a la que se puso fin con el Tratado de Coche en abril de 1863. La Asamblea Constituyente, creada por un acuerdo entre los federales (liderados por Antonio Guzmán Blanco y Juan Crisóstomo Falcón) y los conservadores (representados por José Antonio Páez), decretó una amnistía con el propósito de extinguir los odios y dar un ejemplo de magnanimidad nacional. Sin embargo, la Guerra Federal no terminó con la inestabilidad. Más tarde, en 1877, el gobierno de Francisco Linares Alcántara decretó una amnistía general que permitió el regreso de numerosos exiliados y el fin de las persecuciones políticas del período anterior.

II. El siglo XX: Entre dictaduras y democracia

Con la llegada al poder de los andinos en 1899, liderados por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, se abrieron nuevos escenarios. Al inicio de su gestión, en diciembre de 1902, y ante el bloqueo de las costas venezolanas por parte de las armadas de Inglaterra, Italia y Alemania, Cipriano Castro declaró una amnistía general para todos los presos políticos, la cual logró ejecutar parcialmente.

Durante el gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935), un régimen caracterizado por graves violaciones a los derechos humanos, ocurrió un gesto poco conocido: el dictador aprobó, a solicitud de su ministro de la Secretaría de la Presidencia, Francisco Baptista Galindo, un decreto de amnistía. Este permitió el retorno de aproximadamente 20 000 exiliados y líderes políticos tachirenses radicados en Colombia, quienes el 24 de julio de 1925 regresaron al país con garantías de no ser perseguidos.

En la época postgomecista, el general Eleazar López Contreras liberó a los presos políticos que quedaban en las cárceles a la muerte de Gómez, abriendo un período de intensa agitación política entre 1936 y 1941. Posteriormente, en el gobierno del general Isaías Medina Angarita, se legalizaron los partidos políticos y se amnistiaron los perseguidos del régimen anterior; bajo su mandato no hubo un solo preso político ni exiliado.

Tras la caída del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, la Junta de Gobierno decretó la libertad inmediata de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados, entre ellos Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera.

Años después, se impulsó la pacificación del país tras los intentos de insurrección armada de los grupos guerrilleros apoyados por Fidel Castro desde La Habana. Esta política de pacificación, iniciada durante el gobierno de Raúl Leoni (1963-1968) y concluida por Rafael Caldera en su primer mandato (1968-1973), fue una amnistía exitosa que permitió a las guerrillas reincorporarse a la vida política y democrática.

Luego de la insurrección militar del 4 de febrero de 1992, por la cual fueron procesados Hugo Chávez Frías y los demás comandantes de la rebelión contra Carlos Andrés Pérez, el presidente Rafael Caldera —en su segundo mandato— aprobó un sobreseimiento para los militares sublevados. Esto permitió la salida de Chávez de la cárcel de Yare y la liberación de un gran número de oficiales, quienes se incorporaron a la vida política y electoral, lo que llevó a Chávez a ganar la presidencia en diciembre de 1998.

III. Siglo XXI: El Socialismo del Siglo XXI y la Revolución Bolivariana

Bajo los mandatos de Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, se aprobaron varias amnistías para intentar mitigar la alta conflictividad política de las últimas tres décadas. Cabe recordar que en 2007, Hugo Chávez decretó una amnistía para quienes participaron en los sucesos de abril de 2002 y en el paro petrolero de 2002-2003, exceptuando explícitamente a quienes hubieran cometido crímenes de lesa humanidad.

En 2016, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, aprobó una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para los presos y perseguidos políticos. Sin embargo, esta fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, alineado con el chavismo y el Socialismo del Siglo XXI.

Luego de la operación militar norteamericana del 3 de enero de este año 2026, en la que se detuvo y trasladó fuera del país a Nicolás Maduro para ser juzgado por la justicia estadounidense, surgió nuevamente la necesidad de una ley de amnistía y libertad para los presos políticos, en busca de una transición democrática y una reconciliación nacional.

En ese contexto, la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez (hermano de la presidenta encargada de facto, Delcy Rodríguez) aprobó el 19 de febrero de 2026 la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Esta norma abarca las diferentes manifestaciones, protestas populares, y acciones militares y políticas ocurridas desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.990 el mismo jueves 19 de febrero de 2026.

El alcance de esta ley incluye:

  • Los sucesos del 11 y 12 de abril de 2002.
  • El paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
  • Las protestas relacionadas con el referéndum revocatorio de 2004.
  • Las manifestaciones de mayo de 2007, y de julio y septiembre de 2009.
  • Las protestas de abril de 2013 con motivo de las elecciones presidenciales.
  • Las manifestaciones políticas entre febrero y junio de 2014.
  • Las actuaciones referentes a la Asamblea Nacional electa para el período 2016-2021.
  • Las protestas populares entre marzo y agosto de 2017.
  • Los hechos de enero y abril de 2019 relacionados con el intento de ingreso de ayuda humanitaria por la frontera.
  • Los procesos de selección de candidatos presidenciales en 2023.
  • Las elecciones presidenciales de julio de 2024.
  • Las elecciones regionales y parlamentarias realizadas en 2025.

Es necesario resaltar que este instrumento ha resultado ser una ley excluyente, hecha a la medida del régimen para dosificar la liberación de los presos políticos, especialmente de los militares. Desde el Libertador Simón Bolívar hasta la fecha, los militares han sido actores fundamentales en la historia republicana y la mayoría de los decretos y leyes de amnistía los han favorecido.

Por ello, consideramos que esta nueva ley, que debió abarcar a más de 1 000 presos políticos, se ha aplicado de manera excesivamente progresiva, incumpliendo el compromiso político de una liberación total y plena. Si bien es cierto que esta ley para la convivencia democrática ha favorecido a algunos detenidos por razones de conciencia y políticas, más de 500 procesados siguen tras las rejas, a la espera de su plena libertad y de su reincorporación a la sociedad democrática.