El precedente venezolano: logros, obstáculos y el futuro de la justicia internacional en Cuba y Nicaragua
José Manuel Pinto Hurtado (Cheo) Venezuela constituye el principal precedente de justicia penal...
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Autor: Webmaster
La debacle represiva en Nicaragua
El mundo distrae su atención muy a menudo; pocas veces la prensa internacional comenta la situación a la cual está sometida la población nicaragüense. Nicaragua, tierra de lagos y de volcanes, es también tierra de dictaduras. A la larga dinastía de los Somoza, luego de una pausa democrática, se le montó una dinastía igualmente, o más, sangrienta, corrompida y arbitraria: la dupla Rosaro Murillo-Daniel Ortega.
Ortega, un antiguo combatiente guerrillero contra el régimen de Anastasio Somoza Debayle, dirigió el país centroamericano a la cabeza de una junta de Gobierno primero y como presidente electo después, desde 1979 a 1990, los años de la llamada revolución sandinista; dicho apelativo proviene de otro líder guerrillero que combatió al primero de los dictadores Somoza.
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Las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela comparten patrones sobre Detenciones Arbitrarias y Torturas y desoyen a Organismos Regionales y Universales de Protección de DDHH.
El Mundo democrático tiene que hacer más por los presos políticos de los regímenes dictatoriales. En esta oportunidad, pedimos por los presos políticos de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cada preso político es una historia de dolor y sufrimiento personal y familiar, sueños frustrados, niños y niñas que no disfrutaran de sus padres o madres , jóvenes que pasaran la mayor parte de su juventud entre rejas por soñar con vivir en Libertad y en Democracia, mujeres y hombres torturados y maltratados sin piedad e impunemente.
1442 personas fueron detenidas en Cuba a raíz de las protestas ocurridas en Julio pasado de los cuales 756 permanecen en prisión y al menos 147 ya han sido condenadas, incluyendo jóvenes a partir de los 16 años, utilizando el delito de “sedición” en la mayoría de las condenas para ejemplarizar el castigo impuesto, con penas que oscilan entre 10 y 20 años de cárcel, solo por manifestar.
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Logros y retos ante la Corte Penal Internacional: qué esperar para Venezuela
Luego de años de remisión constante a la Corte Penal Internacional de escritos, informaciones y evidencias por parte de diversos actores nacionales e internacionales sobre lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en las últimas dos décadas, y luego de culminado un Examen Preliminar ordenado de oficio en 2018, actualmente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) conduce una investigación al respecto, iniciada el 3 de noviembre de 2021.
Dicha investigación se realiza apegada a los tres principios fundamentales que orientan la actuación de la CPI establecidos en el Estatuto de Roma, que son 1) el carácter complementario de su jurisdicción (principio de complementariedad) que implica que la Corte sólo puede actuar cuando los Estados no pueden o no quieren; 2) la responsabilidad penal individual, que implica que únicamente es competente para juzgar a individuos, a personas naturales; y 3) la legalidad, referido a que las conductas punibles, es decir los crímenes, deben estar previamente tipificadas en un instrumento legal, en este caso el propio Estatuto de Roma.
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Sobre los presos políticos, en tiempos de tutelaje
La persecución por razones políticas o ideológicas ha sido una constante en la acción del régimen venezolano desde hace 27 años. La represión de la protesta, las limitaciones a la libertad de expresión y la discriminación, entre otras, han traído miles de detenidos políticos durante estos años, muchos sin proceso judicial, otros con acusaciones falsas o montajes judiciales, siempre sin el debido proceso, objeto muchos de ellos de aislamiento perverso, también a veces desaparecidos forzados, muertos en custodia y asesinados, siempre torturados.
Hablar de presos políticos implica una referencia, aunque sea breve, al concepto víctima y a una de las formas más crueles de la imposición de la tiranía, la tortura y todo ello en un marco que hoy significa nuestra realidad política, la relación de “tutelaje” que han acordado la administración Trump y el grupo criminal que aún controla el poder.
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