SADIO GARAVINI DI TURNO
ESTA NOTA ES TAMBIÉN PUBLICADA EN LA REVISTA «PENSAMIENTO PROPIO».
En 1962, dada la anunciada inminencia de la independencia de Guyana en el marco del proceso de descolonización británico en el Caribe, Venezuela reactiva su reclamación sobre el territorio de la Guayana Esequiba, despojado por la Gran Bretaña en el injusto Laudo Arbitral de 1899. Después de 4 años de negociaciones, el 17 de febrero de 1966 Venezuela, Gran Bretaña y Guayana Británica, que con la independencia adquirió el nombre de Guyana, firmaron el Acuerdo de Ginebra (AG). A partir de esa fecha, la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo tiene como marco jurídico y político fundamental ese tratado.
En el Acuerdo, se establece que hay “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”. Guyana siempre ha afirmado que el objeto del Acuerdo es establecer la validez o nulidad del Laudo, mientras que Venezuela, por su parte, ha sostenido que no tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente satisfactoria” a una controversia estrictamente jurídica. El Acuerdo de Ginebra también menciona que el Secretario General de la ONU, si las partes no llegasen a concordar ningún arreglo, podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en el Art 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse. Desde la misma firma del AG en 1966, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido el medio preferido por Guyana y rechazado por Venezuela.
Desde 1989 las negociaciones bilaterales fueron asistidas por un “Buen Oficiante”, nombrado por el Secretario General de la ONU, sin llegar a ningún acuerdo. A finales de 2013, con el inicio de la “era petrolera” en Guyana y después de la detención, por parte de la Armada venezolana, de un barco de exploración sísmica, el gobierno guyanés manifestó que, tomando en cuenta que el proceso de los Buenos Oficios no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia, proponía, para terminar de una vez la controversia, que el Secretario General optara por llevar el caso a la CIJ. El gobierno de Maduro negligentemente insistió en continuar los Buenos Oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la Mediación o el Arbitraje “ex aequo et bono”, por ejemplo. Esto llevó a que dos Secretarios Generales de la ONU, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, de acuerdo con el último Buen Oficiante, el noruego Dag Nylander, decidieran escoger la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como medio para solucionar la controversia. La Corte, en contra de la posición venezolana, ha decidido que no sólo tiene jurisdicción para dirimir la controversia, sino que el tema a dilucidar es la validez e invalidez del Laudo de 1899.
La falta de profesionalismo y la irresponsabilidad de los gobiernos de Chávez y Maduro han llevado al peor de los escenarios posibles para Venezuela. El presidente Chávez, con Maduro en la Cancillería por 6 años, quizás por la influencia de Fidel Castro – que siempre apoyó a Guyana – y el deseo de contar con los votos de los países caribeños en la OEA y la ONU, dejó prácticamente abandonada la reclamación. En el 2004, Chávez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías transnacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de las pocas cartas de negociación que tenía Venezuela. Para colmo en el 2007 afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962, fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar el “gobiernito” de izquierda, autónomo en lo interno pero todavía dependiente de la Gran Bretaña, del Primer Ministro de la Guayana Británica, Cheddi Jagan. Lo cual es una absoluta falsedad histórica, causada probablemente por la hipertrófica “ceguera ideológica” de Chávez, pero que deslegitima la misma reclamación. El entonces Embajador de Guyana en Caracas, Odeen Ishmael, en una entrevista concedida al diario El Nacional, sustentándose en esa declaración presidencial, afirmó que el Presidente Chávez, debería “ dar un paso al frente para retirar el reclamo venezolano.”
Ahora que Venezuela tiene hasta abril del 2024 para presentar su “contramemoria” a la demanda de Guyana, la gran mayoría de los juristas especialistas en el tema afirman que Venezuela, como miembro de la ONU, respetuoso de la Carta (ONU) y del Derecho Internacional, debe prepararse, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender en la Corte su posición de que el Laudo de 1899 es nulo e irrito.
En el Gobierno Maduro, sobre el tema del Esequibo hay quienes consideran que Venezuela debe enfrentarlo en la Corte, y efectivamente Venezuela ha nombrado un Juez ad Hoc y presentó un recurso de inadmisibilidad de la demanda de Guyana, con lo cual aceptó participar en el proceso. Sin embargo, después que la Corte rechazara el recurso, se ha fortalecido el sector del gobierno que sostiene que hay que asumir una “narrativa” ideológica “antiimperialista” y acusar al gobierno de Guyana y a la propia CIJ de ser títeres de la EXXON. Olvidando, “curiosamente”, que los socios de la EXXON en Guyana son la Compañía petrolera estatal china (CNOOC) y la CHEVRON, que opera en Venezuela. Esta posición es de una extrema irresponsabilidad, además de poco seria. La Corte, con o sin la presencia de Venezuela, seguiría el proceso y en unos pocos años dictaría su sentencia que es de obligatorio cumplimiento e inapelable. Además, no hay que olvidar que después de la decisión sobre el Laudo de 1899 y la definición de la frontera terrestre es muy probable que la CIJ tenga que intervenir también en la delimitación de las áreas marinas y submarinas. En efecto, hay que subrayar que, independientemente de la reclamación del Esequibo, en los centenares de miles de kilómetros cuadrados de la Zona Económica Exclusiva y de la Plataforma Continental que proyecta el territorio venezolano del Delta del Orinoco, hay inmensos recursos petrolíferos y pesqueros, y Guyana ha concedido arbitrariamente vastas concesiones a transnacionales que incluyen áreas marinas y submarinas que proyectan tanto el territorio esequibo, como el estado venezolano del Delta Amacuro.
El gobierno Maduro ha decidido convocar para el 3 de diciembre de 2023 un referéndum consultivo sobre la controversia. De las cinco preguntas que se presentan al electorado, dos son absolutamente intrascendentes y son equivalentes a la pregunta: “¿Quiere Usted a su Mamá? En la pregunta en la cual se le pide al pueblo si apoya al Acuerdo de Ginebra de 1966, como único instrumento para resolver la controversia, al régimen se le olvida mencionar que estamos en el proceso de la CIJ, porque dos Secretarios Generales de la ONU, el último “buen oficiante-mediador” y la propia CIJ, interpretaron el Acuerdo de Ginebra de forma tal que el Secretario General de la ONU tenía la competencia de llevar el caso ante la CIJ. Donde se pregunta si se está de acuerdo en no reconocer la jurisdicción de la CIJ para resolver la controversia, hay una clara intención de utilizar la probable respuesta afirmativa para salirse del proceso iniciado en la CIJ, en el cual Venezuela ya ha aceptado la jurisdicción de la Corte, al participar en el mismo. En la última pregunta, se plantea la posibilidad de crear un nuevo estado venezolano, en el territorio en disputa, incorporándolo al mapa de Venezuela y de preparar un plan acelerado para otorgarle la ciudadanía y todos los “servicios” del Estado venezolano a los esequibanos. Esta es una pregunta irreal, que además ha dado base para que Guyana y todos los países de la CARICOM denuncien ante la comunidad internacional que Venezuela tiene la intención de ocupar militarmente la región. Es irreal, entre otras cosas, porque es ridículo pensar que los esequibanos, que viven en la economía de mayor crecimiento mundial hoy, puedan estar interesados en la ciudadanía de un país en pleno desastre socioeconómico y del cual han emigrado, en pocos años, más de 7 millones de habitantes, 35.000 de los cuales a la propia Guyana. Para colmo, la Cancillería después de convocar este referéndum, en un comunicado oficial muy poco serio, después de afirmar que el gobierno guyanés es títere de la EXXON y del Comando Sur de los EEUU, le pide a ese mismo gobierno que se siente a negociar bilateralmente.
Se trata de una maniobra para distraer la atención pública del enorme fracaso socioeconómico, en vista de las anunciadas elecciones del 2024, enarbolando la bandera nacionalista. Además, también se busca hacer olvidar el manejo irresponsable y muy poco profesional de la controversia durante más de dos décadas.
