Gonzalo Himiob Santomé

Un doble terremoto ocurrido en nuestro país el 24 de junio cambió Venezuela para siempre. Aún no ha pasado el tiempo suficiente como para que nos demos cuenta de la magnitud, no sólo estructural, sino además emocional, de lo que nos pasó, pero ya algunas reflexiones podemos hacer sobre todo lo que nos ha pasado. Venezuela es, desde hace décadas, una suma de continuas tragedias. Esto no quiere decir que los venezolanos seamos más o menos que nadie, lo que significa es que no la hemos tenido fácil, y de esto podemos extraer algunas conclusiones preliminares que, con el evento reciente, se hacen mucho más evidentes.

Lo primero que tenemos que destacar es que hoy por hoy tenemos más claro que nunca que tenemos gente con poder, pero no Gobierno. No es que antes de 1998 no fuese un poco así, pero desde ese año comenzó a enraizarse en nuestra nación una casta política que está, definitivamente, más centrada en reafirmarse como “autoridad pública” que en actuar y mostrarse como “servidora pública”. El terremoto demostró que lo importante para quienes hoy detentan el poder no es apoyar a la ciudadanía, ni siquiera en los momentos en los que más se los necesita, sino reafirmar la narrativa según la cual “ellos son los que mandan”, y nada más.

Eso explica por la que ante el doble sismo no hubo respuesta gubernamental sino hasta después de que pasaron varios días, y también explica por qué esta respuesta, cuando por fin se vio, estuvo más claramente dirigida a controlar la narrativa mediática, y a hacer “control de daños” políticos, que a brindar soluciones reales. También explica las decenas de evidencias que surgieron de funcionarios públicos o de sus minions, que estaban más interesados en rescatar sus bienes y sus “caletas” (con todas las dudas que genera su origen), llevando incluso para ello maquinarias pesadas que, definitivamente, hubieran sido más útiles para salvar vidas, brindar apoyo a los ciudadanos desesperados que escarbaban a mano limpia entre las ruinas con la esperanza de encontrar a algún ser querido que hubiese quedado tapiado bajo los escombros. Esto debe ser investigado. Cualquiera que ponga sus bienes, sobre todo si son mal habidos, por encima de la vida de un ser humano es, por decir lo menos, un criminal, y si además se prevale de su cargo para imponer su felonía, es uno de los peores.

También, la destrucción total de nuestra institucionalidad se evidenció en la rapiña, de la que también sobran evidencias que, al menos, deberían servir como elementos para comenzar las investigaciones pertinentes, a cargo de personas uniformadas que no vieron en la tragedia una oportunidad para demostrar su valía, sino una puerta abierta para apoderarse, valiéndose de la indefensión producida por el terremoto, de todo lo que pudieran. Esto no lo trajo el terremoto, es una consecuencia clara y deliberada de más de veinte años de deslegitimación sistemática de las instituciones, más preocupado el poder por mantener lealtades a conveniencia que por formar cuerpos de seguridad y militares honestos, serios, profesionales, bien pagados, bien equipados y bien preparados.

Más rápido y con mayor eficiencia respondieron los rescatistas de otros países que los propios, y lo importante es que, más allá de los malabares mediáticos del poder, eso lo han podido comprobar todos los ciudadanos, incluso los que, hasta ese momento, aún se mantenían fieles a “la revolución”.

En paralelo, como el sistema represivo sigue intacto, incluso después de la incursión armada del 3 de enero, a la tragedia sísmica se suma una tragedia previa que ya nos venía afectando de manera continua y clara: La represión y la prisión por motivos políticos. Antes del 24 de junio, cerca de 400 personas permanecían arbitrariamente detenidas por motivos o con fines políticos. Después del doble sismo, esta dura realidad se mantiene.

Si en algún momento, incluso por propia y egoísta conveniencia del poder, era necesario sacar de las cárceles a quienes mantiene injustamente en ellas, ese momento es ahora. Pero no, al “Gobierno” le parece más importante seguir utilizando el miedo como herramienta de control social, y por ello, poco o nada le importa seguir rompiendo descaradamente sus promesas, que han sido varias ya, de liberar, o al menos excarcelar, a todos los presos políticos. Varios de ellos, me consta, perdieron a sus seres queridos o los pocos bienes que les quedaban durante el terremoto, y en algunas cárceles las fallas estructurales consecuencia del sisma les ponen en riesgo, pero ni eso ha servido para que los suelten a todos. La humanidad, tantas veces usada por el oficialismo como consigna, ha demostrado, una vez más, que es sólo eso: una herramienta retórica, nada más.

Dónde va a terminar todo esto, no lo sé. Lo que sí puedo adelantar, como ya lo expresé, es que Venezuela ya no será la misma. Si cuando baje el polvo y el luto alcance su etapa de rabia esto va a concluir en una respuesta ciudadana airada y contundente frente a los abusos del poder, o en una escalada sin precedentes de la represión con consecuencias impredecibles, aún está por verse.

Lo que sí puedo afirmar, sin mucho temor a equivocarme, es que si algo va a quedar de todo esto es que las caretas se han caído todas, y ya todos sabemos con quienes contamos de verdad y con quienes no. Tanto los buenos como los malos de esta historia tenemos hoy el alma hecha pedazos, unos porque no aguantamos más tanta burla, tanta desidia, tanto abuso, y otros porque se la vendieron hace tiempo a un postor que, aunque algunos sigan queriendo creer lo contrario, no paga sino con maldad cualquier favor recibido.

A los escombros, en este caso del alma, que todo esto nos ha dejado, o se los recoge para empezar a construir nuevas y más luminosas realidades o se los deja donde están para que sigan haciendo daño.

La decisión sobre qué hacer con ellos es nuestra.

Caracas, 11 de julio de 2026.