En 1962, dada la anunciada inminencia de la independencia de Guyana en el marco del proceso de descolonización británico en el Caribe, Venezuela reactiva su reclamación sobre el territorio de la Guayana Esequiba, despojado por la Gran Bretaña en el injusto Laudo Arbitral de 1899. Después de 4 años de negociaciones, el 17 de febrero de 1966 Venezuela, Gran Bretaña y Guayana Británica, que con la independencia adquirió el nombre de Guyana, firmaron el Acuerdo de Ginebra (AG). A partir de esa fecha, la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo tiene como marco jurídico y político fundamental ese tratado.
En el Acuerdo, se establece que hay “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”. Guyana siempre ha afirmado que el objeto del Acuerdo es establecer la validez o nulidad del Laudo, mientras que Venezuela, por su parte, ha sostenido que no tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente satisfactoria” a una controversia estrictamente jurídica. El Acuerdo de Ginebra también menciona que el Secretario General de la ONU, si las partes no llegasen a concordar ningún arreglo, podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en el Art 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse. Desde la misma firma del AG en 1966, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido el medio preferido por Guyana y rechazado por Venezuela.
Desde 1989 las negociaciones bilaterales fueron asistidas por un “Buen Oficiante”, nombrado por el Secretario General de la ONU, sin llegar a ningún acuerdo. A finales de 2013, con el inicio de la “era petrolera” en Guyana y después de la detención, por parte de la Armada venezolana, de un barco de exploración sísmica, el gobierno guyanés manifestó que, tomando en cuenta que el proceso de los Buenos Oficios no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia, proponía, para terminar de una vez la controversia, que el Secretario General optara por llevar el caso a la CIJ. El gobierno de Maduro negligentemente insistió en continuar los Buenos Oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la Mediación o el Arbitraje “ex aequo et bono”, por ejemplo. Esto llevó a que dos Secretarios Generales de la ONU, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, de acuerdo con el último Buen Oficiante, el noruego Dag Nylander, decidieran escoger la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como medio para solucionar la controversia. La Corte, en contra de la posición venezolana, ha decidido que no sólo tiene jurisdicción para dirimir la controversia, sino que el tema a dilucidar es la validez e invalidez del Laudo de 1899.
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